En Perú, casi 2 millones de personas enfrentan la dura realidad de vivir con menos de 10 soles al día, de acuerdo al INEI. Esta situación no es solo un desafío económico, es una batalla constante por la supervivencia, donde las decisiones cotidianas se tornan difíciles, y la salud, tiene que quedar en un segundo plano. Para quienes luchan por cubrir lo básico, costear un tratamiento médico parece una meta inalcanzable. Según el Banco Mundial, las familias más vulnerables se ven obligadas a enfrentarse a la dura exclusión del sistema de salud, especialmente cuando se trata de enfermedades crónicas o graves.
A lo largo del país, el 39% de las personas con enfermedades crónicas deciden no buscar atención médica, según la Encuesta Nacional de Hogares 2024. Las barreras económicas y sociales son una de las principales razones. La supervivencia, en muchos casos, se convierte en una lucha diaria, donde la salud es una prioridad que se posterga una y otra vez. Ante esta realidad, los peruanos se ven atrapados en un círculo de decisiones difíciles: endeudarse, abandonar trabajos, o incluso escoger quién en la familia recibirá tratamiento.
Sin embargo, este problema es una cuestión de justicia social. ¿Por qué la salud debe depender solo del nivel económico de una persona? ¿Por qué aquellos con menos recursos deben pagar el precio de una enfermedad que podría tratarse a tiempo si tuvieran acceso a los servicios adecuados? Todos merecemos atención médica digna, sin importar de dónde venimos o cuánto ganamos. Todos deberíamos tener el derecho de acceder a un tratamiento oportuno y de calidad cuando más lo necesitamos.
El sistema de salud en Perú sigue enfrentando desigualdades profundas. Mientras unos pocos acceden a los mejores tratamientos, muchos otros se quedan atrás, sin la posibilidad de obtener atención médica. Esto no solo genera un ciclo de pobreza y enfermedad, sino que también alimenta la exclusión social, dejando a quienes más lo necesitan al margen de cualquier tipo de ayuda.
El acompañamiento y el apoyo son elementos fundamentales para superar estas barreras. La solidaridad y la empatía no deben ser opciones, sino principios de políticas públicas que garanticen el acceso a los servicios de salud para todos. Pero necesitamos voluntad política para hacer de la salud un derecho universal.
La situación actual de nuestro país exige un cambio. Este 2025, las políticas públicas deben empezar a centrarse en las personas, buscando reducir las barreras económicas y sociales que impiden a las personas más necesitadas acceder a la atención médica. “No basta con tener hospitales o clínicas en cada distrito; lo que realmente importa es que esos servicios sean accesibles y de calidad para todos”, sin importar el nivel socioeconómico. En un país como Perú, con tantas desigualdades, la salud tendría que garantizarse a todos, sin distinciones. Solo así podremos llegar al término del año con medidas concretas.
Es hora de que tanto el Gobierno, el sector privado y las mismas instituciones de salud tomen conciencia de esta realidad. Si no actuamos ahora, la brecha entre los que tienen y los que no tienen acceso a la salud solo se ampliará, dejando a millones de peruanos a merced de enfermedades prevenibles y tratables, pero que terminan siendo fatales debido a la falta de recursos.
La salud es un derecho. Es un bien común que debe ser accesible para todos. La salud debe este 2025 debe ser una prioridad en la agenda pública, impulsando estrategias que garanticen el acceso equitativo a servicios de calidad y promuevan el bienestar de la población.