El Poder Ejecutivo ha dado un paso decisivo para garantizar la protección del patrimonio cultural y paleontológico del país. Esta semana, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley, promovido por el Ministerio de Cultura, que propone modificar el Código Penal con el objetivo de endurecer las sanciones contra quienes atenten contra bienes históricos. La iniciativa será presentada próximamente al Congreso de la República.
El proyecto plantea la modificación de cinco artículos del Código Penal (226 al 230), así como del Capítulo Único del Título VIII del Libro Segundo. Estas modificaciones introducen penas más severas y nuevos elementos agravantes. Entre las propuestas principales se encuentra penalizar con mayor rigor la destrucción y alteración de bienes inmuebles considerados Patrimonio Cultural de la Nación. Por ejemplo, las sanciones por este tipo de delitos podrían alcanzar hasta ocho años de prisión.
Además, el proyecto incorpora medidas específicas contra la receptación de bienes culturales, incluyendo aquellos de los períodos prehispánico, virreinal, republicano o contemporáneo. Una de las novedades es que los delitos culposos, cometidos por negligencia o imprudencia, también serán castigados, reflejando un enfoque más integral para prevenir daños al patrimonio.
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Bienes culturales bajo mayor protección
Otra de las propuestas destacadas es considerar agravantes en casos donde los bienes afectados tengan reconocimiento internacional. En este sentido, se establece que destruir o comercializar bienes declarados patrimonio cultural por la UNESCO será castigado con penas de entre cinco y diez años de prisión.
Asimismo, el proyecto redefine delitos relacionados con bienes muebles, como la transferencia o comercio ilegal de objetos históricos extraídos de inmuebles prehispánicos sin la debida autorización. Esta modificación también elimina requisitos previos, como la necesidad de que el bien afectado haya sido declarado formalmente patrimonio cultural, agilizando así la acción judicial en caso de delitos.
El titular del Ministerio de Cultura, Fabricio Valencia, destacó que esta iniciativa responde a un compromiso asumido con el Parlamento Nacional para proteger la historia y herencia del país. Según Valencia, el proyecto también busca adaptarse a las necesidades actuales, en las que el tráfico ilícito de bienes culturales y la destrucción de sitios históricos representan un desafío creciente.
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Proponen expropiar inmuebles
El alcalde de Lima, Rafael López-Aliaga, ha presentado ante el Congreso un proyecto de ley que propone la expropiación de 71 inmuebles ubicados en el Centro Histórico de Lima, entre los que destacan el emblemático edificio El Buque, la Quinta Heeren y la Casa Echenique. Este planteamiento se enmarca en el proyecto 09994/2024-GL, titulado “Ley que declara la expropiación de inmuebles, por necesidad pública, en el marco de la implementación del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2029 con Visión al 2035″.
La medida se justifica en las condiciones críticas de abandono en las que se encuentran estas edificaciones, que, según el proyecto, representan un riesgo inminente de colapso. Además, se argumenta que, pese a su notable valor histórico y arquitectónico, los inmuebles llevan décadas sin recibir intervenciones significativas para su preservación. En este contexto, la Municipalidad Metropolitana de Lima asumiría la gestión de los procesos de expropiación en un lapso de cinco años, contados desde la promulgación de la norma, y respetando el pago de indemnizaciones a los propietarios conforme a las tasaciones realizadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.