El desarrollo del comercio exterior peruano no se debería limitar al nivel de integración que tenemos con el mundo ni a la presencia de operadores portuarios y logísticos de talla internacional. Para aprovechar al máximo la política comercial de apertura al mundo y atracción de inversiones que sostenemos por más de treinta años, urgen acciones complementarias para superar las deficiencias y la falta de competitividad, que se traducen en mayores costos para la cadena.
Mayores tiempos, implican mayores costos. Mayores gastos en seguridad, implican mayores costos. Mayores trámites administrativos, implican mayores costos. Esta situación nos resta competitividad frente al resto del mundo. Para ejemplificar, tomemos como referencia estudios y reportes, que incluso el propio Estado reconoce y utiliza como insumos para diseñar e implementar políticas públicas asociadas a la mejora de la competitividad y el cierre de brechas.
El Plan Nacional de Servicios e Infraestructura Logística de Transporte a 2032, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), identifica problemas que atentan contra el desempeño y la competitividad de la cadena logística para el comercio exterior. Existe una brecha logística de S/ 92,000 millones en infraestructura, servicios y procesos; una creciente informalidad en el transporte y servicios logísticos; ningún avance en los 54 trucks centers, una red vial subnacional deficiente; interrupciones en carreteras por protestas sociales o eventos climáticos, por mencionar algunos.
El Índice de Desempeño Logístico, elaborado por el Banco Mundial, da cuenta de importantes brechas en la cadena logística de nuestro país. En el pilar de competitividad y calidad de los servicios logísticos, Perú se ubicó en la posición 81 de 160 países. En 2016 ocupó el puesto 63, y en 2007, el 60. Nos estamos quedando y, peor aún, estamos retrocediendo.
La Brecha de Infraestructura de Largo Plazo (2018-2038), elaborada por la Universidad del Pacífico y el BID, establece objetivos para incrementar la dotación de infraestructura en nuestro país, en función de benchmarks internacionales que incluyen tanto a países más desarrollados que Perú como a aquellos con características similares. Por ejemplo, la brecha de infraestructura calculada para carreteras, que era de US$ 150,617 millones a 2019, hacia 2023 sería de US$ 139,280 millones, comparado con países de ingresos medios altos e ingresos altos. En aeropuertos, la brecha hacia 2023 sería de US$ 1,744 millones, comparado con países de la OCDE. Y en puertos, la brecha hacia 2023 sería de US$ 4,741 millones, comparado con países asiáticos.
El Estado, en sus tres niveles de Gobierno, debe tomar consciencia sobre esta situación. Los beneficios de mejorar aspectos de competitividad no solo lo percibirían las empresas, sino también las familias. Cambios en favor de la competitividad de la cadena de comercio exterior traerían consigo mejoras en materia de productividad, con lo que mejorarían los salarios en el sector.
Pongámonos a pensar cuánto más atractivo sería el comercio exterior peruano si superamos las brechas existentes en la cadena. La integración con el mundo y la atracción de inversiones requieren de acciones complementarias para sacarles el mayor provecho. Caso contrario, políticas como estas pierden legitimidad, al no cumplirse con las expectativas de los actores del mercado ni de las familias.