La promulgación de nuevas leyes que modifican el Código Penal y el Código Procesal Penal del Perú por parte del gobierno de Dina Boluarte trajo consigo las críticas de expertos que consideran que la modificación de normas relacionadas con la detención de criminales y la solicitud de prisión preventiva, podría beneficiar a la actividad de criminales en el país.
La crítica no solo se produjo por parte de sectores independientes, sino que incluso al interior del Ministerio Público ya existen voces contrarias a esta decisión del gobierno, que optó por no observar estas normas promovidas desde el Congreso. Incluso el vocero oficial de la Fiscalía, el ex fiscal supremo Víctor Cubas, expresó públicamente su disconformidad y afirmó que esto podría ser el inicio de un régimen autoritario.
Para el vocero de la Fiscalía, de darse una situación como esta, el Perú experimentaría el quebrantamiento del orden constitucional y sería “un atentado grave contra la división de poderes, contra la autonomía de los órganos constitucionales y del Poder Judicial”
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Intervención del Tribunal Constitucional
Cubas también sostuvo que el Ministerio Público tiene opciones para afrontar la situación y dijo que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tiene un equipo encargado de analizar disposiciones legales para adoptar posibles medidas de acción para asegurar la independencia de la Fiscalía.
“Una demanda de inconstitucionalidad sería una de las primeras medidas para que el Tribunal Constitucional se pronuncie”, indicó el vocero.
Pena de muerte sería cortina de humo
A raíz del fallecimiento de una menor de 12 años, presuntamente asesinada por un hombre identificado como Yerson Alexander Juárez Tapia, la presidenta Dina Boluarte afirmó públicamente que considera que “es hora de abrir el debate de la pena de muerte en el Perú”.
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Aunque esta declaración ha tenido aceptación en algunos sectores de la ciudadanía, para la juez suprema titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, estas declaraciones no serían más que una “cortina de humo”, un distractor para la opinión pública.
“Ocurre una gran desgracia que impacta y nos sensibiliza y lo primero que se hace es invocar la pena de muerte, pero qué acto concreto se hace, esto no es más que un distractivo”, aseveró en RPP. Además, indicó que la intención es tapar los verdaderos problemas del país, como la inseguridad ciudadana, y que hasta el momento no se ha solucionado pese a las constantes prórrogas de estados de emergencia en zonas del norte del país, como Trujillo, Virú, y Pataz.
De igual forma, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, tuvo una respuesta similar pues consideró que el debate de la pena de muerte es reinsertado en momentos de inseguridad y se cae en un “populismo penal”.
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Incluso el congresista Alberto Cavero también compartió la misma opinión y calificó de “populismo jurídico” la propuesta emitida por la presidenta Dina Boluarte.
“Es un intento a todas luces, desesperado de cambiar la noticia, de cambiar el foco de la atención, en momento en que estamos hablando el posible abandono de la presidenta, del caso Cofre”, dijo a la prensa.