
Lucio Bellido, exdirector del colegio José Gálvez de Yunguyo, fue el centro de una controversia que destaca la corruptela y el mal manejo administrativo en las instituciones educativas de Puno. De acuerdo con un informe de La República, Bellido fue destituido después de ser acusado de realizar cobros irregulares por la entrega de alimentos del programa Qali Warma, durante la pandemia de 2020. Según el mismo medio, “el servidor fue destituido porque condicionaba la entrega de alimentos previo pago de S/1 por concepto de bolsa para el desayuno escolar”. Isaac Torres Álvarez, quien era presidente de la Apafa en ese entonces, confirmó al medio que “nunca se autorizó dichos cobros” y que Bellido actuó por su cuenta.
La controversia se amplía a la reciente revelación sobre las conservas Don Simón, que forman parte de los alimentos distribuidos por el programa. Se destacó que estos productos también eran utilizados como comida para perros en albergues. Este descubrimiento ha generado críticas sobre la “calidad y el control de los productos ofrecidos por el programa”, lo cual intensifica las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria de los jóvenes beneficiarios. Estos dos casos han motivado un amplio debate sobre la gestión de Qali Warma y sus procedimientos de control de calidad.
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Este escenario debe analizarse en el contexto mayor de la falta de comunicación y transparencia aparentes en las decisiones administrativas de Bellido. La Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir) intervino en primera instancia, pidiendo que el caso se retrocediera a la etapa de precalificación por causar “grave perjuicio” a los padres de familia. A pesar de que, inicialmente, el exdirector fue suspendido solo por 35 días, Servir insistió en una revisión más exhaustiva del caso, resaltando la magnitud del daño económico a las familias solicitándoles dinero durante la pandemia.
En declaraciones a La República, Lucio Bellido defendió su acción de cobrar S/1, argumentando que “era el valor del precio de la bolsa” y que la inversión ya había sido hecha. Respecto a la imposición de tarifas adicionales por agendas escolares y otros conceptos, alegó que hubo un acuerdo previo con la directiva, aunque reconocido en el mismo medio, estos cobros “nunca fueron aprobados por la Apafa”. La denuncia hecha por la Apafa resalta la falta de consenso y autorización en las decisiones del exdirector.
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En un nuevo desarrollo legal, Bellido ganó una medida cautelar que le permite continuar en su puesto como director de la UGEL Puno hasta diciembre. El juez Guido Chevarría dictaminó a favor del exdirector. Bellido explicó que mientras la orden judicial se mantuviera vigente, “la destitución no podría ejecutarse”. Sin embargo, expresó no haber sido notificado del inicio del procedimiento administrativo sancionador, por lo que, aseveró que no tuvo “derecho a defensa”. En un intento por anular el proceso, presentó un escrito en junio de 2024 alegando prescripción.
A medida que el caso progresa, Bellido ha apelado la destitución a Servir, lo que implica que mientras no haya un pronunciamiento definitivo, la sanción sigue siendo válida, según explicó la UGEL Yunguyo en el mismo informe. Esta situación genera incertidumbre sobre el futuro de la gestión educativa en la región y sobre la implementación del programa alimentario Qali Warma que, sin lugar a dudas, requiere una evaluación y supervisión más rigurosa para garantizar su éxito y la seguridad alimentaria de los estudiantes.
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¿Qué es el programa Qali Warma?
Qali Warma, un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), garantiza la alimentación diaria de los estudiantes de escuelas públicas durante el año escolar, considerando las particularidades y necesidades de cada región. Su objetivo es potenciar la atención, el aprendizaje, la asistencia escolar y promover hábitos alimenticios saludables entre los niños y niñas.
Asimismo, fomenta la participación activa de la comunidad local, involucrando a las familias en el proceso educativo. El nombre ‘Qali Warma’, que proviene del quechua y significa ‘niña vigorosa’ o ‘niño vigoroso’, refleja un enfoque inclusivo que valora las lenguas originarias, según el Gobierno del Perú.
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