El jefe de gabinete, Gustavo Adrianzén, mencionó este jueves que la presidenta Dina Boluarte está “consternada” por la orden judicial de 36 meses de prisión preventiva contra su hermano Nicanor, acusado de liderar una red criminal por supuestamente haber intervenido en la designación de prefectos y subprefectos en el país para obtener apoyo en la formación de su partido político.
En una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), citada por la agencia EFE, el premier señaló que, a pesar de esto, la mandataria “se mantiene incólume al frente de sus obligaciones” e indicó que conversó con ella para expresarle su solidaridad y conocer su sentir.
Según el premier, detrás de la prisión preventiva de Nicanor se encuentra una campaña que busca acusar a la jefa de Estado de “incapacidad moral” para que luego el Congreso pueda destituirla. “Esta es la historia que están tejiendo, y eso es lo que yo tengo que denunciar”, enfatizó antes de ratificar que “la señora presidenta no tiene nada que ver absolutamente con esa causa”.
El premier agregó que “en cualquier otra parte del mundo se podría decir que es una pretensión de derrocar al gobierno de manera inconstitucional”. Sostuvo que la “afiebrada tesis” que pretende vincular a la gobernante en la investigación tiene su origen en “quienes se han visto afectados por las decisiones del gobierno”.
“Esos son, en mi opinión, los que están detrás de estos intentos de vacancia”, remarcó. Finalmente, expresó que existe una “actitud política desde el Ministerio Público y desde el Poder Judicial” y que “un fiscal no puede ser un actor de cinema, un rockstar”, ni intentar ser “figuras mediáticas que pretenden convertirse en la noticia”.
“Frente a un escenario de esta naturaleza, tenemos que reconocer que hay un problema de judicialización de la política y de politización de la justicia”, acotó. En la víspera, el abogado Luis Vivanco, defensa de Nicanor, mencionó que esperará a que la Corte Suprema analice su apelación para decidir si se entrega a las autoridades.
La presidenta ha defendido a su familiar desde que se destapó el caso. “Dejen de difamar a mi hermano, que no está participando en absolutamente nada, en ninguna organización de ningún partido, utilizando a prefectos o subprefectos o algún modo económico del Estado (...) No voy a hablar más al respecto. Está la fiscalía, que investigue y llegue a la verdad de los hechos”, dijo a inicios de año.
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