Amnistía Internacional ha revelado preocupantes deficiencias en el sistema de salud de Perú, destacando la falta de infraestructura adecuada y la concentración de servicios en Lima como barreras significativas para el acceso equitativo a la atención médica.
Según el informe “Derecho a la salud, privilegio de pocos”, presentado recientemente, estas carencias afectan el derecho a la salud de millones de peruanos, especialmente, en regiones fuera de la capital.
La falta de intercambio de información entre instituciones, las brechas en el financiamiento y el aumento del gasto de bolsillo son algunos de los problemas identificados.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2022, el 47% de las personas que necesitaban atención médica recurrieron a farmacias o al sector privado, incluso teniendo seguros públicos.
Perú, el país donde los ‘ricos’ gastan menos en salud que los ‘pobres’
El informe también resalta que el gasto de bolsillo en salud es desproporcionadamente alto para los hogares más ‘pobres’. El 10% de estos hogares destina el 8,3% de sus ingresos a la salud, en comparación con el 4% que gastan los hogares más ‘ricos’.
Además, se evidencian brechas significativas en la infraestructura hospitalaria, con una concentración del 43% de las camas en Lima, a pesar de que solo alberga al 33% de la población nacional. En contraste, regiones como Cusco tienen apenas 2,7 camas por cada 10.000 habitantes.
Esta situación obliga a muchos peruanos a trasladarse a Lima para recibir atención especializada, incrementando así los gastos de bolsillo, especialmente para aquellos con menos recursos.
El informe de Amnistía Internacional también señala la baja cantidad de establecimientos de atención especializada en varias regiones del país. Dieciséis departamentos carecen de establecimientos de tercer nivel, lo que evidencia los problemas de acceso a servicios de salud.
¿Cuál es la brecha de doctores en el Perú?
En cuanto al personal médico, Perú cuenta con solo 16,2 doctores por cada 10.000 habitantes, una cifra baja en comparación con países de la región como Ecuador, Brasil o Colombia.
Diego Vásquez, investigador de Amnistía Internacional para América Latina, subrayó la necesidad de adoptar medidas presupuestarias y fiscales para aumentar el gasto público en salud, especialmente en atención primaria.
Según la OMS, este nivel de atención debería resolver el 80% de los problemas de salud, pero actualmente las postas y clínicas están saturadas.
Amnistía Internacional insta al gobierno peruano a implementar políticas que garanticen el derecho a la salud, incrementando la disponibilidad de médicos permanentes y servicios de hospitalización, y reduciendo la carga financiera sobre los usuarios. La organización enfatiza que sin estas medidas, el acceso a la salud en Perú seguirá siendo desigual y limitado.
En 2023 se dejaron de ejecutar S/1.100 millones en salud
En Perú, el sector salud enfrenta un desafío significativo en la ejecución de su presupuesto para inversión pública en 2023. De los S/5.183 millones asignados, aproximadamente S/1.100 millones no se utilizaron para el bienestar de la población.
Este monto, calculado sobre la base de los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), representa una parte considerable del presupuesto que no fue ejecutada por los distintos niveles de gobierno.
Por su parte, los Gobiernos regionales manejaron un presupuesto de S/2.019 millones, pero solo ejecutaron el 77,3%, dejando S/467 millones sin gastar.
El desempeño más bajo en la ejecución presupuestaria se observó en los Gobiernos locales, que recibieron S/1.141 millones. De este monto, solo se ejecutó el 59,1%, lo que resultó en S/467 millones no utilizados. Esta cifra refleja una gestión considerablemente deficiente en comparación con los otros niveles de gobierno.