Fuerza Popular pretende darle más poder a las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad ciudadana, de acuerdo con un comunicado que compartieron a través de sus redes sociales.
Según el texto, el partido liderado por Keiko Fujimori, propone que los militares asuman la administración temporal y exclusiva de los penales en el país, por un mínimo de 120 días. La justificación, en este caso, es que un alto porcentaje de crímenes se planifican desde las cárceles.
Asimismo, exhortan a ejecutar un programa de capacitación dirigido a las FF. AA. para que se hagan cargo de la seguridad ciudadana en los distritos y provincias que sean declaradas en emergencia. Actualmente, esta función la tiene la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras que los miembros del Ejército solo apoyan en las labores.
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Denunciar el ‘Pacto de San José'
El fujimorismo también propone que el Perú denuncie “parcialmente” la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocido como el ‘Pacto de San José' , que fue firmado en 1969. Esta reforma está relacionada con presuntos “beneficios legales en favor de terroristas y criminales peligrosos”.
También brindan su apoyo a la propuesta del Poder Ejecutivo de que la responsabilidad legal de policías y militares, en el ejercicio de sus funciones, sea resuelta en el fuero militar y policial.
Además, piden declarar en estado de emergencia el sistema penitenciario nacional y autorizar la construcción inmediata de cárceles en el territorio nacional.
Por otro lado, sostiene que en los próximos 20 días el Gobierno de Dina Boluarte debe presentar una propuesta consensuada de reforma del sistema de administración de justicia. En este apartado recalcan que malos elementos, dentro del Ministerio Público y el Poder Judicial, están “liberando a criminales”.
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Finalmente, expresan que el Congreso de la República debe precisar los alcances de la Ley N° 32108, sobre allanamientos judiciales y organizaciones criminales.
Ley de Terrorismo Urbano
Noam López, politólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, expresó su preocupación por la reciente propuesta de ley de terrorismo urbano presentada por el gobierno de Dina Boluarte y el Parlamento.
En declaraciones a Infobae Perú, resaltó que esta medida no solo es ineficaz para abordar la creciente crisis de inseguridad ciudadana en Lima y Callao, sino que también podría generar confusión al englobar delitos ya existentes bajo un nuevo término.
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Esta iniciativa surge en un contexto donde los casos de robos, asesinatos, secuestros y extorsiones están en aumento, afectando a diversos sectores que han tenido que paralizar sus actividades para exigir una respuesta política.
La propuesta de ley busca clasificar como terrorismo urbano delitos como el sicariato, secuestro, robo agravado, extorsión, tráfico ilícito de migrantes, explotación sexual y minería ilegal, entre otros.
Sin embargo, López argumenta que el término “terrorismo” implica acciones con fines políticos, lo cual no se alinea con el objetivo principal de las organizaciones criminales que operan en el país, como Barrio King o One Family, cuyo fin es principalmente lucrativo. Estas organizaciones podrían tener vínculos políticos, pero su motivación no es ideológica, según explicó el politólogo a Infobae Perú.
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Además de la propuesta, el Gobierno ha declarado el estado de emergencia en 16 distritos de Lima y Callao por un período de 60 días, una medida que también ha sido cuestionada por expertos en cuanto a su efectividad.
En total, solo tres partidos políticos han expresado su apoyo a la medida de fuerza del 10 de octubre. Estas sons Fuerza Ciudadana, el Partido Morado y el Nuevo Perú. Además de estos, más de dos decenas de organizaciones sociales han respaldado a los transportistas, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Las Tejedoras.