La Junta de Fiscales Supremos hizo pública la posición institucional del Ministerio Público de rechazo a la ley que se promueve en el Congreso que prescribe los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por ser inconstitucional. Advirtieron que cientos de casos serían archivados si dicha norma es aplicada.
La iniciativa busca “precisar” que el Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad tiene vigencia en legislación peruana desde el momento en que el Estado se adhirió. Es decir, 2002 y 2003, respectivamente.
Sin embargo, las disposiciones de los mismos tratados estipulan que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en la que hayan sido cometidos. Una sentencia del Tribunal Constitucional ratifica dicho criterio.
El pronunciamiento advierte que, en caso se aplique la cuestionada ley, cerca de 600 casos, en investigación o en trámite ante el Poder Judicial, tendrían que ser archivados y concluidos. Se consigna que procesos ya sentenciados podrían ser anulados.
Destacan casos como Chuschi, El Frontón, Huanta 84, Barrios Altos y el Santa-Aldo Velásquez, Huancapi, Cantuta-Pativilca, Cedruyo, Cantuta-Aldo Vásquez, Madre Mía, Humaya Chambara, Universidad del Centro, Paccha, Putis, Hilario Trucios, Casos del Comunicado de Prensa Conjunto, El Frontón, Mamérita Mestanza, Sobres Bomba, Castro Castro, Accomarca y Galván Borja.
En ese sentido, se hizo un llamado a la “reflexión y análisis” para que la iniciativa impulsada por el fujimorismo sea archivada “por constituirse en una ley inconstitucional”. El dictamen ya ha sido aprobado en primera votación y la segunda votación podría darse antes de que culmine la legislatura el 15 de junio.
CIDH se pronuncia
A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el proyecto que prescribe los delitos de lesa humanidad, por lo que exhortó al Congreso a frenar el avance de dicha iniciativa.