Fondo Monetario Internacional pide al Perú garantizar la independencia de la Junta Nacional de Justicia

Luego de que una misión visitó el país, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) exhortó al Estado peruano garantizar el funcionamiento y proteger la independencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La organización financiera internacional considera que a través de “procesos sólidos de investigación de antecedentes judiciales de los jueces titulares” y la reducción de los magistrados supernumerarios coadyuvaría en que la ciudadanía recupere la confianza en el sistema de justicia.

Estos procesos, evaluación de hojas de vida y designación de jueces titulares, está a cargo de la JNJ. Sin embargo, debido a que la JNJ no recibe recursos necesarios del Estados no puede abrir plazas para nombrar a magistrados titulares e ir prescindiendo de los jueces supernumerarios.

Según dio a conocer el consejero Aldo Vásquez en una entrevista a Infobae, el 55% de los fiscales en el Perú son provisionales, mientras que, en el Poder Judicial, casi el 40% de jueces son supernumerarios.

En su informe, el FMI destaca la creación de la JNJ en reemplazo del contaminado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), órgano de la judicatura desactivado luego de que se difundieran audios que revelaban coordinaciones ilícitas entre consejeros, jueces y fiscales.

El FMI también exhorta al Estado peruano a promover una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público “para fortalecer su independencia y organizar los recursos para perseguir los delitos de alto nivel (incluida la corrupción)”.

La actual Ley Orgánica del Ministerio Público fue publicada en 1981, hace 43 años. Esto fue advertido por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, quien al iniciar su gestión conformó una comisión para que elabore un proyecto de ley que proponga una nueva ley orgánica.

En el último año, un sector del Congreso promovió diferentes ataques contra la JNJ, como denuncias constitucionales, mociones para una inmediata remoción y proyectos para eliminar a este organismo constitucionalmente autónomo.

Respecto a las denuncias constitucionales, llegó hasta el pleno del Congreso un informe final que recomendaba la inhabilitación por 10 años de todos los miembros de la JNJ por supuestamente beneficiar a Inés Tello para que permanezca en el cargo luego de cumplir 75 años. El Parlamento solo logró inhabilitar a la referida magistrada y a Aldo Vásquez.

Previamente, Patricia Chirinos presentó una moción de orden del día para que la Comisión de Justicia investigue de manera sumaria a la JNJ por supuesta causa grave. El informe final proponía la remoción de todos los consejeros; sin embargo, este nunca fue debatido por el Pleno del Congreso debido a la emisión de una medida cautelar. Posteriormente, una sentencia anuló el referido documento.

Actualmente, en la Comisión de Constitución que preside la fujimorista Martha Moyano se debate un predictamen que propone la eliminación de la JNJ, que sería reemplazada por la “Escuela Nacional de la Magistratura”. Junto a ello, se busca que la designación de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) sea potestad del Senado.}

No está de más recordar que el Tribunal Constitucional hizo que el excongresista Marco Tulio Falconí sea nombrado miembro de la JNJ. Esto coincidió con la renuncia de Henry Ávila, por lo que la conformación de la Junta no se vio gravemente afectada. Sin embargo, los magistrados luego restablecerían las inhabilitaciones de Aldo Vásquez e Inés Tello.

El último viernes, la JNJ notificó a Patricia Benavides con la resolución que resuelve destituirla del cargo por haber incurrido en faltas muy graves como fiscal suprema y fiscal de la Nación.

Ahora, la defensa de Benavides tendrá un plazo para presentar un recurso de reconsideración, a fin de que el pleno de la Junta reevalúe su decisión. No obstante, la impugnación no suspende la ejecución de la destitución.