La presidenta Dina Boluarte no solo tiene sobre sí las investigaciones respecto a un presunto enriquecimiento ilícito. Existe un segundo hecho delictivo que se le imputa a la mandataria y es el de omisión de consignar declaraciones en documentos que empieza a cobrar fuerza luego de que el dueño de Casa Banchero, único distribuidor de los Rolex en Perú, afirmara ante la Fiscalía de la Nación que la presidenta nunca había adquirido los relojes que presume en actividades oficiales.
Ahora, luego de que el allanamiento de la presidenta mostrara la existencia de relojes durante el 2023, las afirmaciones de Boluarte en las que sostenía que se trataba de un “reloj de antaño” dejan de tener validez y la falta advertida por la Fiscalía ha quedado refrendada por medio de la misma resolución judicial emitida por Juan Carlos Checkley.
Delito de omisión de declaración de bienes
En el documento que autoriza la incursión de la Fiscalía de la Nación en el domicilio de la presidenta Boluarte, que fue firmado por el juez Juan Carlos Checkley Soria el pasado 28 de marzo; se detallan los señalamientos del Ministerio Público respecto a la presentación de estos relojes en las declaraciones juradas de ingresos y de bienes durante los últimos años.
Según este informe, estos relojes corresponderían a “bienes de lujo o alta gama, valorizados en conjunto aproximadamente en US$ 32.000 dólares americanos”. Monto que, en soles, corresponde a más de S/118.000 que pasan a ser dinero no declarado por la jefa de Estado.
Contraloría también investiga a Dina Boluarte
Sumado a esta resolución declarada en los últimos días, desde la Contraloría se han desplegado también acciones por parte de titular de la institución, Nelson Shack, quien informó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que ha remitido a Villena la información de las declaraciones juradas de bienes y rentas de la presidenta.
Además, el Shack anunció el inicio de una investigación sobre Boluarte para determinar la existencia o no de un desbalance patrimonial. Estas indagaciones, según lo revelado por fuentes de El Comercio en la Contraloría, se estarían realizando “en el más corto plazo”, pero “remarcaron que mucho depende del tiempo que se tome la jefa del Estado para responder a un conjunto de preguntas que le ha hecho llegar la Contraloría”.
Cabe destacar que estas preguntas ya se encuentran en conocimiento del Palacio de Gobierno, pero que, hasta la fecha, no se ha conocido respuesta alguna por parte de la mandataria.
Al igual que la Contraloría, otra institución que también espera respuestas por parte del Ejecutivo es el Ministerio Público, aunque las dudas serían absueltas más temprano que tarde. Entre las últimas acciones tomadas por la defensa de la presidenta Dina Boluarte, se detalla la disposición por adelantar la fecha de declaración de la jefa de estado, que estaba programada para el 5 de abril, luego de que esta buscara prorrogarlas, aduciendo tener la agenda ocupada.
Este lunes 1 de abril, el estudio del letrado Mateo Castañeda presentó ante el despacho de Juan Carlos Villena Campana la solicitud de reprogramación de la declaración, a fin de declarar ante las investigaciones que se ciernen en su contra y que le han costado, debido a su evasiva a colaborar con las diligencias, un allanamiento a su domicilio.