Ocupación ilegal en Machu Picchu continúa y expone descoordinación entre autoridades: PNP lista para intervenir, pero falta orden municipal

La tensión escala en uno de los puntos más sensibles del turismo peruano. En el entorno de Machu Picchu, una disputa por el uso de terrenos dentro de una zona protegida expone vacíos en la coordinación entre autoridades locales, la Policía Nacional y el Ministerio Público. La presencia constante de grupos de personas en ambos márgenes de la carretera Hiram Bingham mantiene en alerta a funcionarios y operadores turísticos.

El conflicto se desarrolla en Machu Picchu Pueblo, también conocido como Aguas Calientes, donde el flujo diario de visitantes contrasta con escenas de ocupación informal en áreas delimitadas por ley. Los espacios intervenidos forman parte de la franja marginal de la única vía terrestre que conecta el poblado con la ciudadela inca, lo que eleva la preocupación por posibles impactos en la seguridad y en la gestión del destino.

En este contexto, las autoridades reconocen la urgencia de una intervención, aunque el procedimiento depende de pasos formales que aún no se concretan. La falta de una orden municipal retrasa el desalojo, mientras la presencia de los ocupantes se mantiene con variaciones durante el día.

Ocupación en zona protegida y proceso fiscal en curso

La ocupación se registra en dos puntos distintos de la carretera Hiram Bingham. Un primer grupo se instaló a fines de febrero en la margen izquierda. Días después, otro conjunto de personas ocupó la margen derecha. En total, las estimaciones señalan que cerca de 200 personas permanecen en la zona más reciente, con estructuras precarias delimitadas con arpilleras.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Distrital de Machu Picchu, inició una investigación por el presunto delito de usurpación agravada en agravio del Estado peruano. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cusco, José Mayorga, explicó el alcance del caso: “Los hechos vienen siendo investigados por la Fiscalía Distrital de Machu Picchu. Estos espacios estarían siendo utilizados por personas ligadas a los buses que transportan pasajeros. Han hecho una suerte de cerco con arpillera y los responsables se hallan en proceso de investigación”.

Según la información fiscal, al menos siete personas ya fueron identificadas, mientras continúa el proceso para determinar la identidad del resto de involucrados. La investigación se encuentra a cargo de la fiscal María Teresa Huaco Cayerinao.

Policía lista para intervenir, pero sin orden formal

Desde la Policía Nacional del Perú, el jefe de la Región Policial Cusco, general Virgilio Velásquez, confirmó que existe un plan para ejecutar el desalojo. Sin embargo, destacó que la intervención requiere un requerimiento formal por parte de la municipalidad distrital.

“Estamos coordinando con el comisario de Machu Picchu y Urubamba para poder realizar el lanzamiento oportunamente, pero necesitamos el requerimiento de los interesados. En este caso, tengo entendido que es la Municipalidad de Machu Picchu”, señaló.

El oficial detalló que la presencia de los ocupantes no es constante durante todo el día. “Varía. En las noches pernocta un pequeño grupo. En las mañanas, al mediodía, aparece una buena cantidad”, explicó. Frente a este escenario, la Policía mantiene vigilancia permanente: “Estamos ahí vigilando para que no pase a mayores esta situación”.

Velásquez también mencionó posibles vínculos de los ocupantes con empresas de transporte que operan en la ruta hacia la ciudadela. “Tengo entendido que es de la empresa Consetour y hay otra parte también de Toronto, que están en dos sitios”, afirmó.

Empresas rechazan acusaciones y alegan legalidad

En medio de las acciones fiscales y policiales, una de las empresas mencionadas difundió un pronunciamiento público. El consorcio Torontoy rechazó la calificación de invasión y sostuvo que cuenta con respaldo legal.

“Previo que venimos ocupando temporalmente en el distrito de Machu Picchu, a la altura de la gruta del señor de Q’oyllorit’i, cuenta con la autorización de la entidad pública competente, conforme a la ley número veintinueve treinta y tres ocho”, indica el comunicado.

El documento agrega que sus actividades se realizan dentro del marco normativo: “Por ello venimos actuando con pleno respeto al marco legal. No se trata de alguna invasión, como quieren hacer ver intereses en demoler en cualquier precio”.

Impacto en el turismo y responsabilidad institucional

Desde el Gobierno Regional del Cusco, el gerente de Comercio Exterior y Turismo, Rosendo Baca, expresó preocupación por las consecuencias del conflicto. El funcionario advirtió que este tipo de situaciones afecta la percepción del destino.

Las autoridades coinciden en que la municipalidad distrital posee atribuciones clave para iniciar el proceso administrativo que permita recuperar los terrenos. Sin ese paso, la intervención policial no puede ejecutarse conforme a ley.

Mientras tanto, la presencia de ocupantes en una zona protegida de Perú mantiene en alerta a las instituciones encargadas de preservar uno de los destinos más visitados del país.