Una nueva oportunidad: Convenio del INPE permitirá que internos accedan a una carrera universitaria

El Instituto Nacional Penitenciario busca beneficiar a internos con discapacidad, adultos mayores, jóvenes menores de 20 años y población LGTBI.

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Internos podrán acceder a una carrera universitaria. (Foto: El Peruano)
Internos podrán acceder a una carrera universitaria. (Foto: El Peruano)

Una nueva oportunidad nace para casi 300 internos de diferentes establecimientos penitenciarios del país, tales como Lurigancho, Miguel Castro Castro, Chorrillos Mujeres y Cañete.

Gracias a una alianza estratégica entre el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y una prestigiosa institución académica, aquellos que perdieron su libertad tendrán facilidades para completar una educación superior y universitaria.

El programa, que se encuentra en su primera etapa, ya permitió que los reos participen del simulacro de examen de admisión para las carreras de Administración de Empresas y Derecho. Al respecto, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario (CNP), Javier Llaque Moya, afirmó que estas acciones representan un hito institucional.

“Es un día histórico para el Inpe y para los privados de libertad. Creemos que la educación superior es un mecanismo para cambiarles la vida a los internos. El estudio representa una oportunidad de cambio y de buenas posibilidades para ustedes y sus familias”, señaló.
Se espera que paulatinamente participen más universidades del país para que diversos penales a escala nacional también sean beneficiados. (Foto: El Peruano)
Se espera que paulatinamente participen más universidades del país para que diversos penales a escala nacional también sean beneficiados. (Foto: El Peruano)

Internos con discapacidad, adultos mayores y población LGTBI

Este hito ha sido llevado a cabo gracias a la firma del convenio interinstitucional entre el Inpe y la Universidad Continental. Se espera que, paulatinamente, participen más universidades del país para que diversos penales a escala nacional también sean beneficiados.

Se busca también que entre los beneficiarios de este programa figuren internos con discapacidad, adultos mayores, jóvenes menores de 20 años y población LGTBI. La vicerrectora de Desarrollo y Aprendizaje Digital de la Universidad Continental, Emma Barrios Ipenza, dijo que su objetivo es ayudar a los reos al margen de sus dificultades.

“Hace 10 años que iniciamos la modalidad a distancia, teníamos como misión que las personas puedan estudiar al margen de sus dificultades. Estamos al servicio de la convicción de estudiar. Felicito a las autoridades presentes, así como a los internos que han optado por estudiar una carrera universitaria”, comentó.
Sobrepoblación carcelaria en Perú alcanza el 130%
Sobrepoblación carcelaria en Perú alcanza el 130%

Examen de Admisión 1 de mayo

Carlos Aybar, un interno de 70 años y con formación en ingeniería, desea estudiar Administración de Empresas, lo cual refleja la idea de que la educación no tiene barreras y que en las prisiones peruanas se brindan segundas oportunidades.

Expresó su gratitud hacia las autoridades por esta oportunidad. Además, se estableció un acuerdo con el Instituto Continental para ofrecer educación técnica en Administración, Contabilidad y Diseño Gráfico a los internos.

Esta iniciativa forma parte de la implementación de la Ley N° 31840, que busca facilitar el acceso de los internos a estudios superiores en modalidad a distancia. La fecha del examen de admisión está programada para el 1° de marzo de este año.

Cabe destacar que las cárceles peruanas enfrentan una crisis de sobrepoblación extraordinaria, llegando a un exceso del 130% sobre su capacidad real, según los informes más recientes del INPE. Actualmente, Perú cuenta con 68 establecimientos penitenciarios en todo el territorio nacional, diseñados para albergar a 41.019 reclusos.

Sin embargo, la cifra real de población penitenciaria asciende a 93.985, lo que deja un excedente de 52.966 presos sin el espacio adecuado para ser recluidos en condiciones dignas.

Este nivel de hacinamiento no solo constituye una vulneración de los derechos humanos, sino que también va en contra de los tratados internacionales que el país ha suscrito para garantizar el respeto y la integridad de las personas privadas de libertad, según señala una tesis de la Facultad de Derecho PUCP.