El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, Marco Angulo, anunció este martes que la jueza Leny Zapata será investigada por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial tras su disposición de dejar en libertad a un grupo de extranjeros capturados a fines de noviembre en un búnker de Pachacámac, donde portaban armas de fuego y dos granadas de guerra.
A través de un comunicado, el magistrado señaló que, en caso la ANC encuentre “alguna falta” en esta decisión —ya apelada por el Ministerio Público— la permanencia de la jueza supernumeraria pasará a evaluarse. “Los actuados en este caso serán elevados a una sala de apelaciones, integrada por tres magistrados, quienes deberán pronunciarse sobre el particular en segunda instancia”, apuntó Angulo.
El operativo de noviembre había acabado con 28 detenidos, 21 de los cuales quedaron en libertad por disposición del fiscal Luis Amego, después de que la Policía Nacional los identificara y los pusieran a disposición del Ministerio Público. Los siete restantes permanecían en el calabozo a la espera de la resolución de la jueza, que finalmente ordenó comparecencia con restricciones y desestimó el pedido fiscal de prisión preventiva.
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El Ministerio Público ha alegado un problema administrativo en la entrega de la carpeta al juzgado, con lo cual los extranjeros volvieron a las calles, pese a sus antecedentes penales por robo y tráfico ilícito de drogas, y aun cuando la Policía Nacional (PNP) tenía indicios de que en ese predio de Pachacámac operaba la cúpula delictiva de ‘Los Penecos del Sur’.
Alejandro Vargas, presunto líder de esa banda, había confesado que obtuvo las granadas de guerra y otras armas de fuego a través de Facebook para ejecutar ilícitos. El día de la captura, el comandante general de la PNP, Jorge Angulo, pidió a los órganos de justicia que actuaran con diligencia.
Los implicados de este último caso fueron detenidos a fines de julio, también en un búnker (San Juan de Lurigancho), y fueron imputados por sicariato, cobro de cupos, tráfico de drogas y, principalmente, trata de personas.
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En la audiencia de prisión preventiva, Acosta refirió que el Ministerio Público no presentó suficientes elementos de convicción y tampoco precisó a quién pertenece la droga y las municiones halladas, ni determinó quién o quiénes son los propietarios del búnker que, según la Policía, habría servido también como guarida para Wanda del Valle, recientemente capturada.
“De verdad no entendería si es que prontuariados habrían sido puestos en libertad. Todos nos estamos poniendo ‘la roja y blanca’ y no creo, no creo, sería una traición en estos momentos que estamos pasando”, señaló el coronel Víctor Revoredo, jefe de la división de homicidios de la PNP.