El Ministerio Público ha solicitado formalmente ante el Poder Judicial que se deje sin efecto la medida de comparecencia con restricciones que se le impuso al prófugo Vladimir Cerrón, en el marco del caso por el presunto financiamiento ilegal de su partido Perú Libre en las recientes campañas electorales del 2020 y 2021, y se le cambie por una orden de 36 meses de prisión preventiva.
El fiscal provincial de lavado de activos, Richard Rojas, hizo el requerimiento ante el despacho del magistrado Leodan Cristóbal Ayala, titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien también recibió un pedido de la defensa legal de Cerrón Rojas para que se le investigue con comparecencia simple; es decir, sin ninguna restricción o regla de conducta que debe seguir.
Ante las dos solicitudes, el juez Ayala dispuso una audiencia presencial para el próximo 18 de diciembre a las 10:00 horas en la Sala de Audiencias de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que se encuentra ubicada en la avenida Tacna (Cercado de Lima).
En la resolución se consigna que tanto la concurrencia del representante del Ministerio Público como de la defensa de Cerrón es obligatoria y bajo apercibimiento porque la audiencia es de carácter inaplazable.
El caso
El fiscal Richard Rojas investiga a Vladimir Cerrón por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. En la indagación preparatoria contra el político de izquierda también están otras 10 personas, entre los que se encuentran su hermano, el congresista Waldemar Cerrón, su madre Bertha Rojas y exfuncionarios del Gobierno regional de Junín.
Según la tesis que se maneja en el Ministerio Público es que Cerrón y sus demás coprocesados formaron parte de una estructura que usó de fachada a Perú Libre para la captación y colocación de dinero a través de un sistema económico interno que no era más que el cobro de cupos a funcionarios públicos y tráfico de brevetes en Huancayo.
A raíz de esta imputación es que Rojas solicitó por primera vez que se le imponga 36 meses de prisión preventiva a Cerrón en noviembre del 2022. Sin embargo, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del magistrado Leodan Ayala, declaró “infundado” el pedido y dispuso que el exsocio político del expresidente Pedro Castillo cumpla reglas de conducta. Entre ellas estaba que debía informar sobre las actividades que realizaba cada mes a la Oficina de Registro y Control Biométrico de la Gerencia de Servicios Judiciales.
Sin embargo, Cerrón infringió lo decidido por el juez y el fiscal Rojas volvió a pedir prisión preventiva por 36 meses en febrero pasado. En esa ocasión, indicó que el sentenciado exgobernador de Junín no registró su firma a través del control biométrico, se comunicó con tres testigos implicados en el caso y no pagó la caución de 20 mil soles que se le ordenó. Nuevamente, su petitorio no fue aceptado.
Ahora, el representante del Ministerio Público remite el mismo pedido de prisión por tercera vez contra Cerrón porque no informó qué hizo en septiembre y octubre. Curiosamente, en el último mes es cuando fue condenado por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Junín a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka, donde se le halló culpable de la comisión del presunto delito de colusión junto a otras seis personas.
Tras conocer su segunda sentencia por corrupción, el líder de Perú Libre pasó a la clandestinidad. Hace dos meses aproximadamente es que la Policía Nacional le sigue el rastro para capturarlo y ponerlo a la órden de la justicia. Incluso, el Ministerio del Interior ha ofrecido una recompensa de 100 mil soles a quien brinde información sobre el paradero de Cerrón y la Interpol ha solicitado que haya una “alerta roja” a nivel internacional.
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