Las actuales cifras de asesinatos por encargo registrados durante el estado de emergencia demuestran que hay un serio problema en la estrategia aplicada por el gobierno de Dina Boluarte, según la apreciación de algunos especialistas.
El 20 de setiembre entró en vigencia el decreto de emergencia para los distritos limeños de San Juan de Lurigancho (SJL), San Martín de Porres (SMP) y la provincia de Sullana. La medida finaliza el próximo 18 de noviembre y a poco de cumplirse los 60 días, la gente no ha dejado de morir, los robos y hurtos persisten.
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Según las cifras de la Policía Nacional (PNP) que obtuvo diario El Comercio, entre setiembre y octubre, con solo un mes de estado de emergencia, se han registrado un total de 59 homicidios. San Juan de Lurigancho lidera las estadísticas con 39 casos, seguido por Sullana con 12 y San Martín con ocho.
Un mes de emergencia con un trágico escenario de asesinatos
Santiago Medina era un joven perteneciente al Ejército del Perú que murió a manos de la delincuencia cuando se encontraba en un parque, el pasado 14 de octubre, a pocos días de cumplirse un mes con el estado de emergencia en San Martín de Porres.
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Al día siguiente, el Ministro del Interior, Vicente Romero, expresó en Willax Tv su reconocimiento a las labores en curso en estas zonas y señaló que las principales figuras del Tren de Aragua en Perú están prácticamente “tras las rejas”, reiterando lo dicho a inicios de octubre:
No obstante la situación, solo unas horas después, se tornó aún más sangrienta, sobre todo en San Juan de Lurigancho y dejó sin piso al titular del Mininter.
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El 16 de octubre, en San Juan de Lurigancho, Rolando Liñán Tejada, un joven que vive por la zona de José Carlos Mariátegui, murió asesinado cuando estaba en las afueras de una farmacia. Cuatro días después, el teniente gobernador de ese distrito, Tommy Saravia, fue baleado por sicarios en moto. Al día siguiente, dos serenos y un mototaxista también fueron víctimas mortales del sicariato.
Ese mismo día, el 21 de octubre, Romero— totalmente alejado de la realidad que expresa la ciudadanía —insistía que el 80% de la población de San Juan de Lurigancho y el 74% de San Martín de Porres “aprueban el estado de emergencia”, una medida sin una notoria presencia policial y militar, según los residentes entrevistados por varios medios.
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Sin embargo, el homicidio no es el único delito que ha ganado impulso a pesar del estado de emergencia. Según el informe, en tan solo un mes bajo esta medida, San Juan de Lurigancho sumó 1.252 casos de hurto y 676 de robo. San Martín 405 y 490, y Sullana 224 y 150, respectivamente.
Críticas a la medida
El mencionado medio entrevistó a una fuente policial cuya identidad ha sido resguardada. Según sus declaraciones, la estrategia en el estado de emergencia presenta errores evidentes, como lo demuestran las cifras mencionadas que revelan un preocupante promedio de un asesinato diario.
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“La prevención es importante, pero no podemos pretender combatir el crimen organizado solo con controles de identidad o llenando las calles de policías”, señaló.
Para el exministro del Interior, Cluber Aliaga, las medidas del gobierno son improvisadas y ello demuestra una carencia de capacidad de gestión, conocimiento y liderazgo para enfrentar la situación criminal nunca antes vista.
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“Aquí hay falta de estrategias y políticas públicas desde el sector del Interior. Desde la parte operativa policial también existen quiebres”, mencionó.
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