Arzobispo de Cusco pide negar aborto a dos niñas víctimas de violación, pese a que es legal para salvar sus vidas

El monseñor Richard Alarcón señaló que la interrupción terapéutica del embarazo no puede convertirse en una “puerta abierta” al aborto por violación, pese a que la ONU le ha exigido al Perú despenalizar el procedimiento en todos los supuestos de embarazo infantil

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El monseñor Richard Alarcón, arzobispo del Cusco, pidió este lunes negar el aborto terapéutico a dos niñas de 10 y 12 años que fueron víctimas de abuso sexual en la provincia de La Convención y que actualmente se encuentran atendidas en el Hospital Antonio Lorena.

A través de un comunicado que atropella el derecho a decidir y un procedimiento legal desde 1924, el religioso propuso que la gestación de ambas sobrevivientes lleguen a término, aun cuando se considera tortura y significa una exposición al riesgo de muerte.

“[Ellas deben] contar con todo el cuidado y atención del Estado y de la sociedad, que deben velar por su salud integral, sanando las heridas del trauma de la violación y asegurando en todo lo posible su bienestar para su futuro”, se lee en el documento difundido por Epicentro TV.

“En estos casos de violación no solo está el violador y la víctima, sino también un nuevo ser humano que se ha engendrado, lamentablemente”, continúa la misiva, que cita, a la vez, un pronunciamiento emitido en agosto pasado por la Conferencia Episcopal Peruana para rechazar la interrupción terapéutica del embarazo a la que accedió ‘Mila’, una niña violada a quien inicialmente la junta médica le negó este derecho en Loreto.

Comunicado del Arzobispado del Cusco
Comunicado del Arzobispado del Cusco

“No hagamos del aborto terapéutico una puerta abierta para legalizar los abortos por violación, más bien busquemos evitar los casos de violaciones, empezando por la responsabilidad y vigilancia de los padres de familia, la responsabilidad de los educadores y de las autoridades”, siguió sin reparar que los sectores ultraconservadores y religiosos, precisamente, se han declarado en contra del enfoque de género.

Los párrafos finales de Alarcón contienen bulos sobre el procedimiento y desestiman que el Comité del Niño de Naciones Unidas ha exigido al Perú despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil, así como asegurar el acceso y cuidados postaborto para niñas gestantes.

“Seamos conscientes de que el aborto condena a muerte al inocente y expone a un mayor daño a la víctima, que le puede provocar daños físicos y psicológicos. No se puede justificar un mal, en este caso un aborto directo, para obtener supuestamente el bienestar de otra persona”, anotó.

"Ni muertas ni presas", se lee en el cartel que llevan jóvenes que han salido a las calles de limeñas para pedir que legalizar el aborto| EFE
"Ni muertas ni presas", se lee en el cartel que llevan jóvenes que han salido a las calles de limeñas para pedir que legalizar el aborto| EFE

El oficio no contuvo ni una sola mención a las 68 niñas que fueron forzadas a ser madres en la última década ni que, cada dos horas, una menor es víctima de abuso sexual en el país ―más del 70% de estas agresiones ocurren en el entorno familiar, según cifras oficiales.

Perú es la única nación de la región que ha acumulado tres sanciones por cortes internacionales tras negar este derecho a menores en riesgo mortal, un caso paradigmático en América Latina, donde el acceso a todavía es desigual, pero que tiene a Argentina y Colombia a la vanguardia.

Para acceder a un aborto legal en el país, el procedimiento debe aprobarlo una junta médica y realizarse en un centro de segundo nivel, es decir, en un hospital con especialidades básicas. Sin embargo, esa designación de personal específico representa por sí sola una barrera, como detalló Infobae Perú en un informe.

A fines de septiembre, una niña de 13 años que no accedió a este derecho —y fue forzada a llevar a término el embarazo— falleció cuando era trasladada a un hospital de Satipo (Junín), debido a una complicación posparto. La menor alumbró prematuramente a los ocho meses y registró una retención placentaria que desencadenó su deceso.

“El Estado es responsable de que [la víctima] no haya podido acceder al protocolo de aborto terapéutico, como era su derecho”, remarcó la organización feminista Manuela Ramos, antes de recordar que, bajo la legislación peruana, cualquier gestación en menores de 14 años es producto de una violación.