Darwin Espinoza habría recibido soborno de un millón de soles: Sada Goray entregaría pruebas a la fiscalía

El caso del congresista Darwin Espinoza, de la bancada de Acción Popular, está tomando un giro inesperado. Juan Ricardo Torres Cubas, un ingeniero pesquero y allegado a Sada Goray, ha confirmado que hubo un encuentro entre Espinoza y la empresaria inmobiliaria en los primeros meses de 2021, a pesar de que el legislador lo negó varias veces.

De acuerdo al programa periodístico Punto Final, Juan Torres es identificado como una figura cercana a Fernando Pazos Huayamares, quien es socio de Goray en varios proyectos inmobiliarios financiados por el Fondo Mivivienda, tales como Praderas de Cacatachi y Chiclayo Bonito. Estos proyectos actualmente están en pausa debido a alegaciones de corrupción. Torres Cubas figura no solo como el apoderado sino también como gerente general de estas iniciativas y es socio en INVACU Inversiones, otra empresa vinculada a Pazos Huayamares.

En una declaración a la fiscalía en febrero de este año, Torres Cubas sí admitió haber estado presente en una reunión con el congresista en la residencia de Sada Goray, y negó que hubiera transferido un millón de soles a Darwin Espinoza, pero nuevas pruebas revelarían que el ingeniero trata de cubrir al legislador en un hecho que podría significar su desafuero.

De acuerdo al testimonio fiscal, el encuentro entre Goray y el congresista habría tenido lugar en octubre de 2021. El ingeniero pesquero declaró, según informa el programa dominical, que la reunión se centró en temas relacionados con la venta de productos marinos y luego se retiró, negando cualquier intercambio de dinero.

Esta revelación fue una de las causas para que el Ministerio Público deniegue el pedido de colaboración eficaz de Goray, alegando que la empresaria había omitido información clave. El documento se divulgó días antes de su arresto.

Según informes de la Unidad de Investigación de Latina Noticias y Punto Final, la defensa de Goray Chong presentó un nuevo documento a la Fiscalía el 21 de julio, comprometiéndose a proporcionar más información relacionada con supuestas irregularidades en el Ministerio de la Producción.

Las acciones de la defensa de la empresaria es reiniciar un proceso de colaboración eficaz y las personas implicadas en sus declaraciones incluirían al ingeniero Torres y al congresista Espinoza, quien sigue negando cualquier vínculo o acercamiento con Sada Goray.

Además, el documento presentado por la defensa de Goray se indica que la empresaria “está dispuesta a aportar información”. Una de ellas sería sobre encuentros que se sostuvieron para elegir quién debería ser el ministro de la Producción en el gobierno de Pedro Castillo.

Al ser consultado por las afirmaciones del ingeniero pesquero, el legislador Darwin Espinoza ha manifestado al referido medio que las alegaciones carecen de fundamentos sólidos y que no conoce a Sada Goray, quien actualmente cumple una orden de prisión preventiva en el Penal Anexo de Chorrillos.

Pero fuentes cercanas a la investigación periodística, sugieren que las reuniones entre Goray y el congresista sí se dieron. Incluso detallan que en una de las reuniones en la que participaron la empresaria, Espinoza, y el ingeniero Torres Cubas, Sada Goray habría planteado la candidatura de Torres para ser ministro de la Producción y que el congresista se habría comprometido a discutir el asunto con su bancada, aunque al final no logró el apoyo necesario.

También se reveló que la encarcelada dueña de Marka Group tendría pruebas del supuesto pago de un millón de soles que hizo Juan Torres Cubas a Darwin Espinoza. Según las nuevas revelaciones de Goray Chong al Ministerio Público, Torres le habría entregado el dinero y que ella, posteriormente, habría dividido el monto en dos pagos - uno de 200 mil soles y el otro de 800 mil soles- y enviado al legislador de Acción Popular.

La entrega del dinero se habría dado para favorecer una ley vinculada a la pesca de atún. Revisando las fechas de las reuniones, se descubre que en octubre del 2023, la bancada de Acción Popular, impulsó la promulgación de la Ley 31584, para que el atún importado como materia prima estuviese desafectado del pago de impuestos.