Secuestro en el VRAEM: tres militares retenidos por pobladores después de la muerte de líder local

En el corazón del VRAEM, específicamente en el Centro Poblado de Nueva Libertad, ubicado en el distrito de Vizcatán del Ene en Satipo, Junín, una región marcada por la confluencia de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, se registró un preocupante incidente de secuestro. Tres miembros del equipo de inteligencia pertenecientes a la Base Contrasubversiva de Mazángaro fueron tomados y retenidos por los residentes de Nueva Libertad. Este acto fue una respuesta a una cadena de sucesos que se desembocaron en el trágico fallecimiento de Abdón Zárate, un destacado líder comunal de la localidad vecina, Nueva Esperanza.

De acuerdo con informes de La República, Janet Sánchez, viuda de Zárate, declaró que su marido fue confundido con un narcotraficante por una patrulla militar. Aseguró que él era un agricultor, reconocido en la localidad por su dedicación a las comunidades circundantes. A raíz de este suceso, la pareja del líder comunal interpuso una denuncia contra las autoridades militares.

Tras este suceso, los habitantes del lugar decidieron detener a los militares implicados: el capitán EP Héctor Valenzuela Ávila y los suboficiales Luis Mercado Palacios y Regner Oteo Sotomayor, quienes se encontraron en Nueva Libertad con el objetivo de recabar información sobre el grupo narcoterrorista denominado “Partido Militarizado Comunista del Perú” (MPCP). Este grupo se dedica al cultivo de hoja de coca para el narcotráfico.

El conflicto surgió cuando los residentes reconocieron a los efectivos militares, notificaron al Comité de Autodefensa local. Dicho comité, tras cercar a los militares, optó por retenerlos en la casa comunal de la localidad. La tensión aumentó cuando líderes y residentes de comunidades vecinas se sumaron a la manifestación, solicitando la identificación de los militares y advirtiendo sobre posibles acciones drásticas.

Ante esta situación crítica, el general EP Miguel Gonzales Bojórquez, jefe del Comando Especial Vraem (CEVRAEM), solicitó la intervención de la Policía Nacional con el objetivo de rescatar a los efectivos en peligro. No obstante, los residentes de Nueva Libertad mostraron suspicacia a entablar diálogo con las autoridades militares.

Con la llegada de una patrulla policial y el fiscal antidrogas de Mazamari, Luis Calsín Canaza, se logró establecer una mesa de diálogo, reduciendo la tensión en el lugar. Es importante mencionar que los residentes de Nueva Libertad, quienes habían enfrentado bombardeos en la zona en múltiples ocasiones, buscaban presentar sus reclamaciones ante las fuerzas militares.

En este contexto, el fiscal Calsín estuvo acompañado por efectivos del Frente Policial Vraem, dirigidos por el coronel PNP Pedro Solórzano Niño, y una patrulla militar del CEVRAEM, que se trasladó en un helicóptero Mi-171Sh del Ejército.

Tras las negociaciones y ante la posibilidad de que el coronel Solórzano recurriera al uso de la fuerza, el capitán EP Héctor Valenzuela y los suboficiales Mercado y Oteo fueron liberados por la comunidad. Esta liberación se condicionó a la firma de un acta de compromiso, asegurando que los militares no se atentarían contra los residentes de la región. Posteriormente, los efectivos fueron trasladados a la base del CE VRAEM en Pichari (La Convención, Cusco). Los líderes de la comunidad señalaron que adoptarían medidas adicionales si el acuerdo no era respetado.

El 7 de septiembre, en la región del Vraem se vivió un momento de tensión por el secuestro de Jorge Contreras, técnico enfermero del Ministerio de Salud que trabaja en esta zona conflictiva.

El experto en seguridad, Pedro Yaranga, señaló que el acto habría sido perpetrado por terroristas del MPCP, grupo que domina la zona alta de Vizcatán del Ene.

Los familiares de Contreras informaron que, al momento del incidente, él regresaba de San Juan Mantaro, tras atender a un paciente en el centro poblado de Alto Mantaro. Viajaba en un vehículo acompañado de un colega, quien posteriormente detalló los sucesos del secuestro.

Según Yaranga, los supuestos terroristas interceptaron el vehículo y, tras identificar a Contreras, lo obligaron a bajar y se lo llevaron por la fuerza. Hasta ahora, el desfile de Jorge Contreras continúa siendo un misterio. Fuentes indican que los terroristas habrían accionado de esta manera por sospechas de que Contreras y su acompañante estuvieran suministrando información sobre sus operaciones a la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.

“Estos grupos suelen tomar decisiones basadas en meras suposiciones, no en evidencias sólidas”, afirmó, haciendo referencia a la propensión de los insurgentes a actuar de manera extrema ante la percepción de colaboración con las autoridades.

Ante el crecimiento de los secuestros en la zona del Vraem, Gustavo Llanovarced, director regional de Salud de Junín, confirmó que 13 establecimientos sanitarios decidieron suspender su atención a pacientes y cerrar sus puertas. Los centros que adoptaron esta decisión se encuentran en las localidades de Vizcatán del Ene, Río Tambo, Selva de Oro, Alto Mantaro, Anapati, Alto Anapati, Catungo, Quempiri y Quempiri, zonas donde la presencia estatal es escasa.

Lo más alarmante es que, al interrumpir sus servicios durante aproximadamente tres días, más de mil familias de la cuenca del Río Ene, en la provincia de Satipo, quedaron desatendidas. Los profesionales de salud optaron por no acudir debido a temores sobre su integridad física.

Se registran tensiones entre Chiquintirca y Anchihuay, situadas en la ruta del Gas de Camisea, región Ayacucho, con consecuencias preocupantes. En el lugar, el líder del Frente Policial del Vraem junto con 150 efectivos intenta controlar la situación. Los desacuerdos entre las comunidades, ligados a problemas limítrofes en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), se intensificaron la tarde del 13 de septiembre. A pesar de semanas de diálogo, las comunidades no encontraron consenso y, según testimonios locales, las autoridades no se hicieron presentes.

El 14 de septiembre, la situación se agravó ante informes de que uno de los grupos poseía armas de fuego. Se informó sobre numerosos heridos y personas retenidas en contra de su voluntad. Rubén Vargas, exministro del Interior, comunicó a través de Twitter sobre la gravedad del conflicto en el Vraem y confirmó la muerte de un campesino en los enfrentamientos.