La tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Rosselli Amuruz (Avanza País), dio detalles sobre su solicitud a la presidenta de la República, Dina Boluarte, de evaluar medidas contra la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Hemos solicitado a la jefa de Estado para que haga une evaluación respecto a la conducta que está teniendo la OEA, porque es quien finalmente designa a los jueces y comisionados interamericanos de derechos humanos y estamos viendo que hay un sesgo político evidente”, expresó en diálogo con RPP.
“Exhortamos a que la Presidencia se manifieste y evalúe alguna medida correctiva”, agregó y aclaró que su documento “no es de carácter obligatorio”.
Como se recuerda, a través de una moción, la integrante de la Mesa Directiva solicitó que el Ejecutivo analice la suspensión de la cuota anual, la cual asciende a USD 968 mil 500 dólares. Además, que “adopte medidas urgentes” acorde a “los principios de democracia y derechos humanos”.
“Señora presidenta Dina Boluarte, es momento de evaluar la suspensión de la cuota de USD 968,500.00 para la OEA. No podemos permitir que algunas “ONG’s” con el argumento de defender los derechos humanos, protejan a terroristas y corruptos, lo cual debilita al Estado, al sistema democrático y a la tranquilidad de los ciudadanos”, se lee.
Asimismo, que la Asamblea General de la OEA impida el financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), con el fin de garantizar “neutralidad e imparcialidad” de los gobiernos, y que se solicite una nueva restructuración de los acuerdos. Incluso, que participen los países que no son parte de la SIDH en la elección de la Corte IDH del Comisionado.
En ese sentido, enfatizó que debe haber un “consenso” entre el Congreso y el Gobierno para “normar el procedimiento de propuesta del Gobierno del Perú para Jueces, Jueces Ad Hoc y Comisionados, ante la Asamblea General de la OEA”.
¿Por qué Rosselli Amuruz elaboró la moción?
La congresista Rosselli Amuruz adoptó dicha decisión luego de que la CIDH declarara admisible una petición de Víctor Polay Campos, líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), argumentando que se “violó su derecho al principio de legalidad y garantías judiciales” y que las “condiciones carcelarias que le impusieron afectaron su integridad personal”.
No obstante, el representante permanente de Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, aseguró que nada podría variar el plazo y ni condena. “Esta admisibilidad no es otra cosa que el primer paso para el análisis del fondo de esta cuestión. Esto ocurriría probablemente a fines del primer semestre del próximo año. Ya en otras oportunidades la defensa de Polay Campos ha argumentado que las condiciones carcelarias no son acordes con los derechos humanos y le han dicho que no […]. Pero nada va a alterar su condena por 35 años”, dijo en RPP.
En ese sentido, explicó que la Comisión revisará si los argumentos tienen o no un real sentido. “Los defensores de Polay tienen un plazo de cuatro a seis meses para presentar observaciones y posteriormente el Estado peruano debe ser notificado y hacer lo propio”.