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Dos generales del Ejército son absueltos del delito de exceso en el ejercicio

De acuerdo con el Fuero Militar Policial, las altas autoridades contravinieron las normas castrenses; es decir, cometieron el delito al haberse excedido en sus facultades de comandantes generales.

A los generales se les condenó por el delito de exceso en el ejercicio. (Difusión)

La Sala Suprema del Fuero Militar Policial absolvió a dos generales de división, quienes en febrero de 2022 fueron condenados a tres años de pena privativa de la libertad por el delito de exceso en el ejercicio de sus funciones. Se trata de Luis Arroyo Sánchez y César Díaz Peche, generales del Ejército del Perú de la más alta graduación.

Con esta decisión tomada, las personas que fueron condenadas el año pasado no efectuarán el pago por concepto de reparación civil a favor del Ejército peruano ni cumplirán prisión.

Respecto al pago por concepto de reparación civil que planteó la Sala Suprema de Guerra, se pudo conocer que el monto ascendía a 10,000 soles. Asimismo, los generales debían cumplir con el pago de 180 días multa a favor del Fuero Militar Policial. A esto se le suma la inhabilitación respectiva.

30/07/2021 July 30, 2021, Lima, Lima, Peru: Peruvian Navy officers marching on military parade commemorating 200th anniversary of Peruvian independence. SOCIEDAD Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

Es preciso indicar que la Sala Suprema del Fuero Militar Policial resolvió declarar fundado los recursos de revisión presentados por Arroyo Sánchez y Díaz Peche, y declarar sin valor la sentencia de tres años de prisión dada a conocer por la Sala Suprema de Guerra.

Ahora bien, a los generales se les condenó por el delito de exceso en el ejercicio. De acuerdo con el Fuero Militar Policial, estas personas contravinieron las normas castrenses; es decir, cometieron el delito al haberse excedido en sus facultades de comandantes generales de la Quinta División de Ejército, con sede en la región amazónica de Loreto.

También ordenaron a sus comandantes subordinados la entrega de motores fuera de borda a un tercero civil. Esto sin un informe técnico. Cabe indicar que los generales actuaron de esta manera para que se efectuara el mantenimiento de los motores.

Los grados académicos de maestría y doctorado obtenidos por algunos coroneles y generales están en el centro de los cuestionamientos. (Facebook/Escuela Militar de Chorrillos)

Sin embargo, las autoridades encargadas del caso manifestaron que existe documentación que acredita su buen estado cuando fueron entregados al Ejército por la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi). Así se precisa en el documento de la sentencia.

Como antecedente a este caso, es sabido que la Sala Suprema Revisora del Fuero Militar Policial dispuso absolver al teniente coronel, ahora coronel EP Mario Idone López, y al teniente coronel EP (r) Jaime Antonio Oyarse Pinglo, del delito de desobediencia.

El órgano jurisdiccional autónomo e imparcial remarcó que su consigna “consiste en cautelar” que las fuerzas de seguridad del Perú “cumplan el rol (...) de garantizar la seguridad y la defensa de la nación, evitando que sus miembros se aparten de la Constitución Política del Perú y las leyes.

Del Gasolinazo a los Centinelas: los sonados casos que salpican al Ejército con el uso irregular de combustible

El miércoles 23 de agosto, en el marco del denominado caso Los Centinales, se realizó la detención de varios altos mandos del Ejército del Perú. Un nuevo manejo y uso cuestionado del combustible en la institución castrense originó que el Poder Judicial acepte el pedido fiscal para proceder con la diligencia. El hecho trae a la memoria los dos casos de Gasolinazo que también comprometieron a generales y oficiales en el pasado.

El más recordardo de estos últimos es el que involucró al general EP (r) Edwin Donayre, también excongresista de la república, referido -según la fiscalía- al robo de combustible que hizo la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejécrcito y la Región Militar Sur durante el 2006, cuando este ocupaba la comandancia.

El Ministerio Público acusó a Donayre y otras 40 personas (entre militares y civiles) de inventar una supuesta necesidad de mayor combustible para justificar la aprobación de dotaciones extraordinarias de petróleo y gasolina de 84 octanos. Su objetivo, de acuerdo a la investigación, vender la gasolina sobrante a los grifos de la zona para amasar jugosas sumas de dinero.

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