Poder Judicial declaró infundada apelación de Pedro Castillo contra resolución que desestimó tutela de derechos

La medida fue presentada por su abogado Eduardo Pachas. Sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema informó esta tarde que el recurso fue rechazado.

Pedro Castillo seguirá cumpliendo prisión preventiva por el presunto delito de rebelión.

Este miércoles, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anunció mediante redes sociales que se declaró infundada la apelación de la defensa legal de Pedro Castillo contra la resolución que desestimó tutela de derechos. La medida fue dictada en el marco de la investigación que enfrenta por el presunto delito de tráfico de influencias.

Con respecto a la situación legal del expresidente de la República, quien actualmente cumple una orden de prisión preventiva en el penal de Barbadillo, el Poder Judicial informó sobre el pedido presentado por su defensa técnica en una de las seis investigaciones fiscales que atraviesa.

“Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declara infundada apelación interpuesta por defensa del expresidente Pedro Castillo Terrones contra resolución que desestimó tutela de derechos, en investigación por tráfico de influencias”, indicó la entidad.

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“Recurso de Castillo Terrones alegaba que fue filtrada a los medios de comunicación información que guarda relación con los hechos de la investigación y de la que tenía conocimiento la Fiscalía de la Nación”, agregó.

La sala Penal Permanente a finales de marzo ya había confirmado la resolución que declaraba infundado el recurso de apelación de tutela de derechos presentada a favor de Castillo Terrones por su abogado Eduardo Pachas.

Audiencia de Lilia Paredes fue reprogramada

Lilia Paredes, profesora y exprimera dama, deberá acudir el próximo 10 de mayo a la audiencia donde se definirá la medida de prisión preventiva por 28 meses en su contra. La sesión la llevará a cabo el juez Raúl Justiniano e iba a celebrarse hoy, pero la sala anunció que se cambiaría de fecha.

Se reprogramó audiencia de Lilia Paredes.

Paredes se encuentra investigada por integrar la presunta organización criminal familiar liderada por Pedro Castillo durante su gestión presidencial. Se presume que los implicados se habrían beneficiado con contratos irregulares en el Ministerio de Vivienda y Transportes y Comunicaciones.

La tesis fiscal acusa a Paredes Navarro de ser la coordinadora de esta supuesta organización. Actualmente la cajamarquina reside en México, donde se le concedió asilo político luego de que Castillo Terrones intentara dar un autogolpe de Estado.

Solicitan distanciamiento

La Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial que Yenifer Paredes, quien también se encuentra involucrada en la presunta organización criminal de la familia Castillo Paredes, no pueda comunicarse con los implicados en este caso. Este recurso fue presentado por Jorge García Juárez, del equipo especial contra la corrupción en el poder, y será evaluada en una audiencia presencial el miércoles 10 de mayo.

Yenifer Paredes también se encuentra implicada en la presunta red criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo.

La hermana de Lilia Paredes cumple un régimen de comparecencia con restricciones, el cual fue impuesto en octubre del año anterior. El fiscal a cargo desea añadir a estas medidas la prohibición de comunicarse también con testigos y coinvestigados. Esta lista la integran 100 personas y está incluido el exjefe de Estado Pedro Castillo.

CIDH se pronuncia sobre Castillo

En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la organización hizo referencia al autogolpe de Estado que intentó perpetrar el exmandatario Pedro Castillo. En aquella fecha, el extitular del Poder Ejecutivo intentó disolver el Congreso de la República y modificar todo el sistema de justicia peruano. Como producto de ello, fue vacado por el Parlamento peruano.

En el cuarto capítulo titulado Crisis institucional del 7 de diciembre, el cual cuenta con un subcapítulo titulado “Rompimiento del orden constitucional del 7 de diciembre de 2022″, la CIDH explicó que se trató de un acto que no se ajustaba a los principios democráticos.

“La Comisión considera que la decisión del expresidente Castillo no se ajustaba a ninguna causal constitucional que habilitara la disolución del Congreso; tampoco estaba facultado constitucionalmente para ordenar la reorganización del Poder Judicial de manera unilateral”, sostuvo.

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