La vacancia presidencial, la acusación constitucional y la disolución del Parlamento deberían ser delimitadas, según la CIDH

En el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no solo se aborda las graves violaciones a los derechos humanos que el Gobierno de Dina Boluarte ejecutó durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y febrero de este año, sino también se realiza un diagnostico de la crisis política peruana que no tiene cuando acabar.

Así, en la página 6 del documento al que Infobae tuvo acceso se recuerda que “desde el año 2016, el Perú ha atravesado por varias crisis de institucionalidad democrática”. “Estas crisis político-institucionales han ocasionado diferentes impactos en la situación de derechos humanos de toda la población, debilitado la confianza ciudadana en las instituciones y obstaculizado la gobernabilidad del país”, agrega.

Además, añaden que este escenario de inestabilidad política se traduce en que se haya tenido seis presidentes de la República y tres congresos en siete años. La CIDH menciona que se ha llegado a esta coyuntura por tres figuras constitucionales que han desatado conflictos, en más de una oportunidad, entre el Ejecutivo y el Parlamento: vacancia presidencial, la acusación constitucional y la disolución del Parlamento.

“La Comisión ha reiterado que el uso arbitrario y subjetivo de estas figuras pueden conducir al cese de funciones de personas funcionarias electas democráticamente y a sanciones de destitución e inhabilidad”, explican en su informe.

Por ello, la CIDH reitera su exhortación al Congreso a “delimitar y reglamentar estas figuras a fin de evitar su uso discrecional y satisfacer con las exigencias del debido proceso y el principio de legalidad”. Seguidamente, la delegación analiza en detalle la vacancia presidencial, la acusación constitucional y la disolución parlamentaria tras la negativa de la confianza a dos gabinetes ministeriales.

“Esta figura carece de definición objetiva porque ni la ley ni la Constitución precisan las conductas objetivas sancionables y sus correspondientes consecuencias. Esto abre posibilidades de que se cometan arbitrariedades que, a su vez, socaven la separación e independencia de los poderes públicos, la estabilidad democrática, y el legítimo ejercicio del poder”, sostienen sobre la aplicación de la acusación constitucional.

“La acusación constitucional puede entrar en conflictos con otras disposiciones constitucionales, como es el caso del artículo 117, que establece que el Presidente de la República sólo puede ser acusado durante su periodo por 4 causales específicas”, acotan.

Luego, la CIDH se refiere a la vacancia presidencial: “La norma constitucional que contempla esta figura no refiere a conductas objetivas sancionables o sus correspondientes consecuencias. Por tal motivo —al igual que la acusación constitucional— el uso arbitrario o discrecional de dicha figura representa un riesgo para la separación de poderes y los derechos políticos, tanto de la persona electa como de sus electores”.

Finalmente, la CIDH aborda la disolución del Parlamento. “La aplicación subjetiva o arbitraria de esta figura facilita la ruptura de un orden democrático electo para un periodo constitucional determinado”, explican. Después, la delegación reitera su recomendación de establecer criterios objetivos y delimitar, con claridad, en qué momento se activan dichas figuras, situaciones que deben ser absolutamente excepcionales.

PPK, Martín Vizcarra y Pedro Castillo

Hay que recordar que en diciembre del 2017 se impulsó la primera moción de vacancia contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) por sus vínculos con la constructora Obebrecht cuando era ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Si bien el fujimorismo y la izquierda promovieron la salida de PPK del poder, al final no consiguieron los 87 votos requeridos debido a que Kenji Fujimori logró que algunos congresistas no se sumen a esta cruzada.

Tiempo después se conocería que esta movida se debió a cambio de un favor: indultar a su padre Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad a raíz de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Nuevamente se presentaría una moción de vacancia contra PPK que no tuvo otra salida más que renunciar porque se difundió un video en el que su entonces ministro Bruno Giuffra se reunió con Kenji Fujimori.

Con la caída de PPK, el entonces vicepresidente Martín Vizcarra asumió su cargo. Durante su gestión, el nuevo mandatario tuvo varias confrontaciones con el Parlamento hasta que el 30 de septiembre del 2019 que decidió disolverlo por negar una cuestión de confianza respecto al proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, Vizcarra enfrentó dos procesos de vacancia con el nuevo Congreso del periodo 2020-2021. Es así que el 9 de noviembre del 2020 lo vacan por incapacidad moral permanente al ser señalado por la Fiscalía de presuntos actos de corrupción cuando era gobernador regional de Moquegua entre el 2011 y 2014.

El caso más reciente es de Pedro Castillo, quien brindó un fallido autogolpe de Estado el 7 de diciembre del año pasado en un intento por bloquear una tercera moción de vacancia en su contra.