La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó este miércoles una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, como presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.
El proceso corresponde al caso Vacunagate, el escándalo desencadenado por las 487 inoculaciones irregulares contra el coronavirus, principalmente para altos funcionarios del Ejecutivo.
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El exmandatario, que posteriormente fue destituido por el Congreso, afirmó entonces que fue voluntario y mostró una tarjeta de control que no contaba con el código de barras. Por su parte, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), donde se desarrolló la evaluación experimental, admitió que no formó parte de los 12.000 voluntarios.
Vizcarra intercedió para que su esposa, Maribel Díaz, y su hermano, César Vizcarra, recibieran la dosis de Sinopharm. “Fue a pedido del presidente”, declaró el investigador Germán Málaga, en referencia a la inoculación de su entorno más cercano.
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Por este caso, el Legislativo lo inhabilitaría de la función pública por 10 años al haber violado seis artículos de la Constitución. “Ha lesionado a la investidura. No puede ser parte del Estado funcional. Hoy asistimos a su entierro político”, señaló Omar Chehade, excongresista de Alianza para el Progreso.
El escándalo, por su parte, empujó a Mazzetti a dimitir de un despacho que ya había sido presidido por otros tres ministros desde que irrumpió la pandemia, en medio de la segunda ola y con un récord de 14.333 pacientes hospitalizados.
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La extitular de Salud, también vacunada en secreto en enero de 2021 con dosis para el personal vinculado al ensayo, reconoció en una carta que esa decisión fue el peor error de su vida. “No va a ser suficiente pedir disculpas a todos los que he decepcionado”, expresó en la misiva.
Acusación de corrupción
En diciembre del año pasado, el equipo Lava Jato del Ministerio Público solicitó 15 años de pena privativa de la libertad para Vizcarra por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio durante su época como gobernador de Moquegua.
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En 2020, el fiscal Germán Juárez, integrante de este equipo, solicitó ya en dos ocasiones interrogar a Vizcarra, pues las empresas ganadoras de las licitaciones en Moquegua son también investigadas al estar comprometidas en el ‘Club de la construcción’, un grupo de compañías supuestamente se repartían las obras públicas a cambio de millonarios sobornos.
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