La extradición del exdignatario Alejandro Toledo, investigado por presuntos sobornos durante su gestión, sigue su curso en medio de los recursos que presentó su defensa legal.
El Ministerio Público ha esperado por más de seis años para que el expresidente, involucrado en los casos ‘Ecoteva’ e ‘Interoceánica’ tramos dos y tres, sea puesto en prisión preventiva tras una orden del Poder Judicial.
El último viernes siete de abril, Toledo Manrique debía presentarse ante las autoridades de Estados Unidos -país desde el que se resiste regresar al Perú- para ser detenido y, eventualmente, esperar su traslado al territorio nacional.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito le otorgó una moción de emergencia, a pedido de este, y el procedimiento fue suspendido por catorce días.
Habeas corpus denegado y nuevos recursos
El magistrado Thomas S. Hixson descartó el habeas corpus presentado por la defensa del expresidente, hace algunas semanas, y ordenó que este se presente ante las autoridades estadounidenses.
En este marco, tomando conocimiento de lo acontecido, los abogados de Toledo Manrique interpusieron dos nuevos recursos para frenar la detención de su patrocinado.
La información fue confirmada por la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión. La funcionaria precisó que uno de estas solicitudes pedía la suspensión de la ejecución de la extradición.
Posteriormente, esta solicitud fue aceptada, mediante una moción de emergencia, y el arresto del exdignatario fue suspendido por catorce días.
“Hemos conocido que la defensa de Toledo presentó dos escritos. En el noveno circuito, pidieron la reconsideración y la suspensión de la ejecución de la extradición [ya aprobado y en vigencia]”, detalló el último jueves seis en diálogo con ATV.
De acuerdo con sus declaraciones, por ahora se espera a que el recurso de reconsideración sea resuelto en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, misma instancia que aprobó la suspensión.
La Corte de Columbia, por otro lado, también había descartado un pedido para obtener medidas de emergencia y detener su deportación. Además, la defensa también presentó una demanda contra el Departamento de Estado de los EE.UU. por una supuesta falta al debido proceso.
Beryl A. Howell, jueza que preside el citado órgano de justicia estadounidense, calificó como una práctica “sin precendentes” -según El Comercio- que el ex Jefe de Estado haya intentado trasladar su caso de la Corte de California, donde se evaluaba su recurso de habeas corpus, al de Columbia.
Se contabilizan al menos cinco herramientas legales del expresidente, entre otras que no llegaron a procesarse en las instancias correspondientes, desde el último 21 de febrero: fecha en la que el Departamento de Estado aprobó su extradición.