Rodolfo Orellana, líder de una red delincuencial dedicada a la estafa y apropiación ilegal de inmuebles, podría salir en libertad tras un nuevo revés en su caso.
La fiscal suprema Zoraida Ávalos, de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, emitió un dictamen que favorecería al ya sentenciado por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica, estafa, falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir.
En el documento, la extitular del Ministerio Público propone que se declare nula la sentencia contra Orellana -emitida el último quince de febrero del año pasado- y se declare la prescripción de los delitos que se le atribuyeron.
La sentencia de siete años y cuatro meses de prisión efectiva contra Orellana vencería el doce de diciembre del 2027, tomando en cuenta el descuento de carcelería.
Orellana Rengifo estafó por doce años a distintas personas e incluso a entidades públicas. Fue capturado en el 2014, en Cali (Colombia), tras un operativo internacional entre efectivos policiales peruanos y colombianos.
Fue hallado culpable de apropiarse de un domicilio en Lurín, junto a exnotarios, en agravio del municipio del distrito y los ciudadanos Víctor Teodoro Caycho Rivas, Rumaldo Teodoro Caycho Lizano y Martha Juana Tesen Quispe.
Por tratarse de un caso ocurrido en el 2007, Ávalos Rivera sostiene que ya no corresponde continuar con este procedimiento. En este marco, la fiscal también plantea que se realice un nuevo juicio a Orellana.
Sobre el caso del delito de uso de documentos públicos falsos, sugiere el archivamiento; ello pese a que reconoce que la sentencia sobre esta falta se emitió un mes antes de la prescripción. Sin embargo, Ávalos apela a que esta no fue ratificada en una segunda instancia.
En este sentido, la exfiscal de la Nación reitera que todos los delitos ya han prescrito, excepto el de asociación ilícita para delinquir. Este vencería en septiembre del 2023.
En la actualidad, Orellana se encuentra encarcelado en un penal de Puno. Enfrenta un juicio por lavado de activos por el que el Ministerio Público pide treinta años de prisión.
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