Las cartas de Panamá ante la presión del régimen chino para recuperar los puertos en la entrada del Canal

Lo ocurrido esta semana durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebra en Ciudad de Panamá, dejó en evidencia que las tensiones entre Panamá y China están lejos de resolverse.

Lo que parecía un desacuerdo encauzado por la vía diplomática volvió a escalar cuando Xie Feng, representante permanente de China ante la OEA, cuestionó públicamente la decisión panameña relacionada con los puertos de Balboa y Cristóbal, operados durante más de dos décadas por Panama Ports Company, filial de la hongkonesa CK Hutchison.

La respuesta del canciller panameño, Javier Martínez-Acha, fue inmediata. El jefe de la diplomacia panameña recordó que las decisiones adoptadas por las instituciones del país responden al Estado de Derecho y que ningún gobierno extranjero puede pretender influir en los fallos o actuaciones de las autoridades nacionales.

“Le hablo como canciller de mi país y no como presidente de la sala”, comenzó diciendo. A continuación, rechazó varios de los planteamientos expuestos por Xie Feng y marcó una diferencia entre ambos sistemas políticos.

“Mi país es una democracia. Mi país tiene separación de poderes. Su país es distinto al mío”, afirmó. El canciller recordó que el fallo sobre la concesión portuaria fue emitido por la Corte Suprema de Justicia y que el Ejecutivo no tiene facultades para revertir una decisión judicial.

El intercambio llamó la atención porque se produjo apenas un mes después de que ambos países intentaran reducir las tensiones mediante una reunión de alto nivel celebrada en Nueva York.

El pasado 26 de mayo, en el marco de una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Martínez-Acha y su homólogo chino, Wang Yi, sostuvieron el primer encuentro bilateral de alto nivel desde que estalló la controversia por los puertos y por las inspecciones a buques de bandera panameña en puertos chinos.

Tras esa reunión, ambos gobiernos divulgaron mensajes que apuntaban a una desescalada. Panamá reiteró su adhesión al principio de una sola China y expresó su interés en mantener una relación mutuamente beneficiosa, mientras ambas delegaciones coincidieron en la importancia del diálogo, el respeto mutuo y la cooperación.

Por ello, el nuevo señalamiento realizado esta semana en la OEA sorprendió a observadores y analistas.

Para el catedrático titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, Euclides Tapia, la intervención del delegado chino fue una decisión calculada que buscó trasladar a un foro regional una controversia que ya había sido discutida en instancias diplomáticas de mayor nivel.

"China aprovechó la coyuntura para denunciar públicamente algo que ya se estaba discutiendo entre ambos países. Considero que eso no estuvo bien en lo absoluto", señaló Tapia durante una entrevista concedida a Infobae.

Según el académico, el hecho de que el reclamo se realizara durante una reunión hemisférica organizada por Panamá tiene una carga política significativa. A su juicio, el mensaje enviado por Beijing es que mantiene la intención de elevar la presión diplomática sobre el país centroamericano pese a los intentos de acercamiento registrados en mayo.

El origen de la controversia se remonta a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional la concesión otorgada a Panama Ports Company para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

La decisión se produjo tras años de cuestionamientos jurídicos y políticos sobre las condiciones del contrato y su posterior renovación.

China reaccionó con dureza. Autoridades del país asiático advirtieron que Panamá pagaría un alto precio por la salida de CK Hutchison de la operación portuaria. Paralelamente, la empresa inició un arbitraje internacional por al menos 2,000 millones contra el Estado panameño.

La disputa se amplió posteriormente al ámbito marítimo. Autoridades panameñas y estadounidenses denunciaron que durante los últimos meses se ha registrado un incremento de las inspecciones y detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos.

Panamá posee uno de los mayores registros navieros del mundo, con más de 8,000 embarcaciones inscritas. Para Tapia, las inspecciones responden a criterios políticos y no estrictamente técnicos, por lo cual, Panamá tendría argumentos para presentar denuncias en organismos internacionales.

El especialista sostiene que el país podría recurrir, en primer lugar, al Memorándum de Entendimiento de Tokio, conocido como Tokyo MoU, que regula las inspecciones de control del Estado rector del puerto en la región Asia-Pacífico.

Según Tapia, Panamá podría denunciar que las inspecciones a buques de bandera panameña en puertos chinos se están aplicando de manera discriminatoria si existe una diferencia notoria frente al trato recibido por embarcaciones de otros registros.

Una segunda vía sería acudir a la Organización Mundial del Comercio para alegar un trato desigual que afecta la operación de naves panameñas dentro del comercio internacional. En ese escenario, el argumento panameño no estaría centrado únicamente en el número de inspecciones, sino en si estas medidas están generando una afectación comercial desproporcionada por razones políticas.

Tapia también considera que Panamá podría elevar el caso ante la Organización Marítima Internacional, especialmente si logra sostener que las inspecciones dejaron de responder a criterios técnicos de seguridad marítima y adquirieron un matiz político.

En esa línea, mencionó una posible vulneración de estándares internacionales como el Convenio SOLAS, que establece normas para la seguridad de la vida humana en el mar.

Además de las acciones multilaterales, el académico mencionó una herramienta bilateral: el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. Según Tapia, el artículo tercero, literal, reconoce la facultad panameña de exigir a las naves que transiten por la vía interoceánica el cumplimiento de reglamentos relacionados con salud, sanidad y cuarentena.

En la práctica, eso permitiría a Panamá reforzar la atención sobre embarcaciones chinas que transiten por el Canal, siempre dentro de los parámetros técnicos y legales aplicables. Tapia aclaró que no se trataría de una medida arbitraria, sino del uso de facultades reconocidas por el propio régimen jurídico del Canal para verificar condiciones sanitarias, de seguridad o de cumplimiento reglamentario.

El académico también recordó que China no es signataria del Protocolo del Tratado de Neutralidad, una condición que, a su juicio, agrava el trasfondo político del debate. Para Tapia, si Beijing utiliza medidas portuarias contra barcos panameños, Panamá también tiene instrumentos legales para defenderse tanto en el plano bilateral como en el multilateral.

Más allá de las herramientas jurídicas disponibles, el académico considera que el elemento más delicado del episodio es la percepción de una posible injerencia en asuntos internos panameños.

“Ellos no pueden determinar cómo debe fallar nuestra Corte Suprema ni cómo deben actuar nuestras instituciones. Eso forma parte del orden jurídico interno de Panamá“, argumentó. En su intervención tras las acusaciones del representante de China, Martínez-Acha dijo que representantes chinos le solicitaron en varias ocasiones intervenir para modificar el resultado del proceso judicial, algo que calificó como incompatible con el funcionamiento institucional panameño.

La discusión adquiere una dimensión adicional porque ocurre en un momento particularmente sensible para las relaciones bilaterales.

China es uno de los principales socios comerciales de Panamá y uno de los usuarios más importantes del Canal. Al mismo tiempo, las relaciones entre Panamá y Estados Unidos atraviesan una etapa de especial cercanía, marcada por la cooperación en temas migratorios, de seguridad y marítimos.

Por ahora, ninguno de los dos gobiernos ha anunciado nuevas medidas concretas. Sin embargo, el intercambio registrado en la OEA demuestra que las diferencias surgidas alrededor de los puertos de Balboa y Cristóbal siguen abiertas.

Lo que parecía un proceso de normalización tras la reunión de mayo en Naciones Unidas ha dado paso nuevamente a un escenario de tensión diplomática. La incógnita ahora es si ambas partes optarán por retomar el diálogo discreto que intentaron construir en Nueva York o si la controversia continuará trasladándose a foros internacionales cada vez más visibles.

Porque más allá de los puertos, la disputa se ha convertido en una prueba de equilibrio para la política exterior panameña: defender sus decisiones soberanas sin romper puentes con una de las mayores potencias económicas del mundo.