Lo que comenzó como un diálogo protocolar entre observadores permanentes y jefes de delegación durante la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá, terminó convirtiéndose en uno de los intercambios diplomáticos más tensos de la jornada.
El protagonista fue el representante permanente de China ante la OEA, Xie Feng, quien aprovechó su intervención para cuestionar la actuación de Panamá en la disputa relacionada con los puertos de Balboa y Cristóbal, anteriormente operados por Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.
La respuesta llegó de inmediato por parte del canciller panameño, Javier Martínez-Acha, quien defendió la independencia de los órganos del Estado panameño y recordó que Panamá es una democracia con separación de poderes.
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La controversia tiene su origen en el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de Panamá en enero de este año, que declaró inconstitucional la renovación de la concesión otorgada a Panama Ports Company para operar las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.
La decisión abrió la puerta a un proceso de transición administrativa y a la posterior contratación temporal de nuevos operadores para garantizar la continuidad de las actividades portuarias.
Durante su intervención ante los países miembros de la OEA, Xie Feng sostuvo que la decisión panameña envía una señal negativa para la inversión extranjera.
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“Si los principios pueden ser ignorados, los activos pueden ser tomados y operados en cualquier momento, ¿quién va a confiar en invertir y buscar colaboración?”, afirmó el diplomático chino.
También pidió a Panamá “corregir sus errores” y proteger los intereses y derechos de las empresas chinas.
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre ambos países. En los últimos meses, el gobierno panameño ha denunciado un aumento en las inspecciones y detenciones de embarcaciones con bandera panameña en puertos chinos, una situación que el presidente José Raúl Mulino denunció internacionalmente.
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Según el mandatario, estas acciones han provocado la salida de más de 200 embarcaciones del registro panameño y carecen de una justificación técnica verificable.
La respuesta panameña no tardó en llegar. Aunque inicialmente intentó evitar un intercambio público, el canciller Martínez-Acha pidió la palabra para responder directamente al representante chino.
“Le hablo como canciller de mi país y no como presidente de la sala”, comenzó diciendo. A continuación, rechazó varios de los planteamientos expuestos por Xie Feng y marcó una diferencia entre ambos sistemas políticos.
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“Mi país es una democracia. Mi país tiene separación de poderes. Su país es distinto al mío”, afirmó. El canciller recordó que el fallo sobre la concesión portuaria fue emitido por la Corte Suprema de Justicia y que el Ejecutivo no tiene facultades para revertir una decisión judicial.
“El fallo de la Corte Suprema de Justicia fue claro: la renovación de la concesión no cumplió con los requisitos de mi país”, señaló. Martínez-Acha agregó que representantes chinos le solicitaron en varias ocasiones intervenir para modificar el resultado del proceso judicial, algo que calificó como incompatible con el funcionamiento institucional panameño.
“Me pidieron varias veces que yo interfiriese ante una decisión de un órgano con separación de poderes para revertir un fallo, que lo único que puede hacer mi gobierno es obedecerlo”, sostuvo.
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El jefe de la diplomacia panameña también respondió a los cuestionamientos sobre la seguridad jurídica.
Según explicó, el proceso que culminó con la decisión judicial no fue impulsado exclusivamente por la actual administración, sino que se originó durante gobiernos anteriores y fue resuelto por magistrados nombrados por distintas administraciones.
La disputa gira en torno a una de las concesiones portuarias más importantes del país. Panama Ports Company operó los puertos de Balboa y Cristóbal desde 1997, cuando obtuvo la concesión para administrar ambas terminales ubicadas en las entradas del Canal de Panamá, una en el Pacífico y otra en el Atlántico.
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Durante años, las operaciones estuvieron bajo control de la filial del grupo CK Hutchison, uno de los mayores operadores portuarios del mundo.
Tras el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno panameño adjudicó contratos transitorios para mantener el funcionamiento de ambas terminales mientras se define el esquema definitivo de operación. La administración ha insistido en que no se trató de una expropiación, sino del cumplimiento de una decisión judicial y de una medida para garantizar la continuidad de un servicio estratégico para el país.
Martínez-Acha también aprovechó la ocasión para referirse a las inspecciones que China realiza a buques con bandera panameña.
“Sí, ustedes tienen la soberanía en sus puertos de hacer inspecciones y detenciones, pero también es importante que esta mesa sepa que esas inspecciones y detenciones no se dan en esos números en Japón, Corea del Sur, Vietnam o Filipinas”, afirmó.
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El canciller sostuvo que el incremento registrado tras el fallo sobre los puertos ha sido “sustancialmente superior” al observado anteriormente. Pese al tono del intercambio, el funcionario panameño evitó cerrar la puerta al diálogo.
“Nosotros valoramos la relación con China. Si existen diferencias, le invito a hablar sobre ellas”, expresó.
Y concluyó con una frase que resumió el mensaje central de su intervención: “Lo invito a desescalar, lo invito a hablar respetuosamente, pero lo invito a respetar mi Constitución, como yo respeto la suya”.
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El episodio dejó al descubierto que la controversia por los puertos de Balboa y Cristóbal ha trascendido el ámbito jurídico y comercial para convertirse en un tema de política exterior.
También evidenció cómo una disputa nacida en torno a una concesión portuaria estratégica ha terminado ocupando espacio en uno de los principales foros diplomáticos del continente, en una Asamblea General de la OEA cuyo lema precisamente es la defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y el multilateralismo.