Concebido como un espacio seguro para el diálogo, la formación y el compromiso de avanzar hacia una sociedad más consciente, responsable y cercana a quienes han sufrido abuso, Panamá será sede, del 8 al 11 de julio, del congreso internacional de las personas sordas.
En el país hay 11,323 personas con deficiencia auditiva, según la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad, realizada en el primer trimestre de 2024, después de 18 años sin tener información actualizada.
Solo en 2025 el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) atendió a 18,319 estudiantes con esta condición.
La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la función anatómica y/o fisiológica del sistema auditivo, y tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral.
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Se informó que el congreso busca ofrecer un espacio de escucha y reflexión sobre la realidad que viven las personas sordas víctimas de abuso.
De igual manera, tiene como finalidad fortalecer la formación en materia de prevención, protección de menores y adultos vulnerables, y promoción de entornos seguros dentro de nuestras comunidades eclesiales, dijo monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá, presidente de la Conferencia Episcopal Panameña y segundo vicepresidente del CELAM.
La convención reunirá a especialistas internacionales, agentes pastorales y personas sordas de diversos países de América, con el propósito de sensibilizar sobre los desafíos particulares que enfrenta esta población y promover una cultura de cuidado, respeto, inclusión y protección.
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El “Abuso sexual en la Iglesia: su historia y realidad actual. Como se relaciona y afecta a la comunidad sorda”; “El caso Próvolo: ejemplo de modelo interdisciplinario para responder al desafío del abuso en la comunidad sorda en Argentina”; “Perspectiva global: cómo la Iglesia comenzó a escuchar las voces de quienes han sido abusados”, serán algunos de los temas a tratar durante la actividad.
El encuentro es organizado por la Iniciativa de los Jóvenes Católicos Sordos de América (DCYIA, por sus sus siglas en inglés), en colaboración con la Pontificia Comisión para la Protección del Menor, de la Santa Sede; el Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) y la Arquidiócesis de Panamá.
En Panamá la Ley N°1 del 28 de enero de 1992 protege a las personas con discapacidad auditiva y reconoce la lengua de señas como la lengua natural del discapacitado auditivo profundo.
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Esta es una herramienta fundamental de inclusión, y la norma reafirma la importancia de promover una cultura institucional basada en el respeto, la accesibilidad y la equiparación de oportunidades.
Ratificada por Panama, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 21 el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, incluyendo el uso de la lengua de señas como medio de comunicación.
En esa línea, la política nacional de discapacidad de Panamá promueve la eliminación de barreras comunicativas y la plena participación de las personas sordas en todos los ámbitos de la sociedad, de acuerdo con el IPHE.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que a nivel mundial más de 1.500 millones de personas presentan algún grado de pérdida auditiva, de las cuales aproximadamente 430 millones tienen pérdida auditiva de moderada a grave en el oído con mejor audición.
En América, alrededor de 217 millones de personas viven con pérdida auditiva, cifra que se espera aumente a 322 millones para 2050. Las estimaciones de la OMS proyectan que 700 millones necesitarán atención otológica y servicios de rehabilitación si no se toman medidas preventivas.