En busca de un sendero sostenible

Transcurrido el primer trimestre, y tras el shock petrolero, la economía persiste en marchas a velocidades sectoriales muy distintas, que determinan un avance general de la actividad real que, aunque positivo, no termina de satisfacer las expectativas económicas, políticas y sociales. En un país que requiere persistir por largo tiempo en un sendero de reformas, ello mantiene inciertos los beneficios futuros, que se descuentan a tasas muy altas.

En otros términos, el corto plazo luce “demasiado duro” de transitar y genera la tentación de dar volantazos para reducir las tensiones. De llegar a buen puerto, el largo plazo luce muy bien, con un salto exportador que podría dejar atrás los ciclos recurrentes de stop-go que caracterizaron las últimas ocho décadas. Pero ello supone que el programa de reformas funciona a pleno, que no necesita ajustes.

Parece haber consenso en que no se requieren volantazos, pero hay otros cabos del programa económico que siguen sueltos en opinión del mercado. Para evaluarlos, basta con prestar atención a los datos duros de los fundamentos fiscales y monetarios, y actuar en consecuencia.

¿Qué es lo que ha cambiado en el último mes? La guerra en Medio Oriente genera no solo costos (todavía se consume en la Argentina más petróleo del que se exporta, y ello implica transferencias de ingreso que deprimirán el consumo privado por algún tiempo), sino también interrogantes que definen un escenario de alta incertidumbre. Ese “corto” plazo podría incluso no ser tan corto, ya que, antes de finalizar, las cosas podrían complicarse aún más.

A la larga, sin embargo, se abre un escenario geopolítico que podría favorecer al país y a la región como proveedora confiable para Occidente y Oriente de energía, minería y alimentos.

Aun en el mejor escenario posible que se pueda prever, quedará grabada en Europa y Asia la idea de que es mejor diversificar los proveedores hacia regiones menos expuestas a conflictos (al menos en el presente). Este es un activo que se ha puesto en valor. Entonces, el nuevo escenario implica un cambio favorable para las perspectivas de la Argentina de convertirse en proveedor de productos con alta demanda a escala mundial, no solo porque dispone de los recursos, sino porque aparece un eventual aumento de la demanda dirigida a la región por factores geopolíticos.

Al viento de cola que ya traía la actividad petrolera, gasífera y minera, junto con la tendencia creciente de largo plazo del sector agroganadero, se suma ahora un factor geopolítico que debería facilitar el acceso a los grandes mercados. Nada es seguro, pero las probabilidades aumentaron.

La apertura exportadora, a su vez, debería sostener la apertura de las importaciones que facilitaría la transformación de la estructura productiva, acercaría los precios de la Argentina a los precios internacionales y podría reducir los desequilibrios externos facilitando el servicio de la deuda.

Este es un dato no menor que se suma a la aparente convicción que parece estar llegando a la clase política de que se debe lograr y preservar el equilibrio fiscal en el tiempo -es decir, no se debe volver a incurrir en el error de aumentar el gasto público a niveles insostenibles como en la primera década del siglo-.

Sostenibilidad fiscal, apertura y salto exportador son un combo que está más cerca, que podría entusiasmar a la clase política -más allá de LLA- y sentar las bases de un cambio que, al decir de Rogoff y Reinhart, esta vez sí podría ser diferente. El objetivo a largo plazo luce más claro y accesible, pero el desafío es recorrer un sendero que será largo y, seguramente, duro, porque requiere un cambio para aumentar la tasa de ahorro y, por lo tanto, limitar el crecimiento del consumo.

En el camino, las empresas deben adaptarse durante un período en el que también se debe reestructurar el Estado nacional y los distintos niveles subnacionales de gobierno. Mientras transcurre el proceso de reestructuración de las administraciones y de los productores, es probable que los cambios en los precios relativos afecten negativamente el consumo público y privado, generando dudas sobre la sostenibilidad e irreversibilidad del proceso.

La sostenibilidad fiscal está aún a prueba, más allá de la convicción de la actual Administración del presidente Milei, de que se mantendrá el equilibrio financiero global “cueste lo que cueste”.

Ello, sin embargo, puede implicar recortes de presupuesto que afecten el crecimiento de forma directa (persistiendo durante años en el recorte del gasto de capital) o indirecta. Las reformas que hagan sostenible un menor nivel de gasto público agregado implican modificaciones del sistema tributario, que deben involucrar a la Nación, las provincias y municipios, una reforma del sistema de empleo público, la reforma del sistema previsional, reformas que reduzcan el gasto tributario, etc. Y la estabilidad monetaria requiere contar con un régimen que sea creíble y sostenible, algo que también está pendiente.

La prima de riesgo argentino es la de un país high beta, es decir, que amplifica las variaciones, pero también tiene como elemento estructural un mayor nivel de riesgo que los demás en la misma región, justificado en su pasado serial de incumplimientos y en la fragilidad de su posición de reservas desde fines de 2019 hasta la fecha.

No es seguro que Argentina requiera tener reservas netas elevadas en la definición del FMI para permitirle acceder a los mercados de deuda voluntaria (sin colaterales). Para ello podría bastar con mostrar un escenario consistente de reformas y de crecimiento de sus exportaciones, sostenibilidad fiscal y del régimen monetario, y reservas netas que salgan del rojo actual.

Mientras tengamos un escenario intermedio en el que la sostenibilidad fiscal y del régimen monetario estén en dudas, seguiremos pagando caro el precio del capital.

El autor es director y economista jefe de FIEL. Esta columna se publicó en Indicadores de Coyuntura 684 de FIEL