Precisiones históricas sobre el auspicioso presente de Argentina en el GAFI

La situación de Argentina ante el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) viene ocupando un lugar destacado en este medio. Hace al menos una década que Infobae publica artículos con diversos enfoques y columnas de opinión de distintos especialistas sobre el tema.

El GAFI se creó en el año 1989 por decisión del “Grupo de los 7″. En sus 35 años de existencia, ha generado estándares y promovido la aplicación efectiva de medidas legales, reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas contra el sistema financiero internacional.

Todos los Estados que forman parte del organismo son sometidos a distintos procesos de monitoreo más o menos intensos con el fin de verificar si poseen planes, procesos y sistemas consistentes y adecuados a los estándares técnicos que surgen del Grupo para combatir la criminalidad económica.

Actualmente, nuestro país se encuentra ante una instancia trascendente denominada cuarta ronda de evaluación, cuyo objetivo es verificar el grado de efectividad de las políticas públicas desarrolladas a lo largo de los años para dar respuesta a las mencionadas manifestaciones criminales.

En concreto, la evaluación recalará en el contenido de las más de 100 sentencias que distintos tribunales del país han dictado en casos de lavado de activos, para analizar si en las mismas se reflejan los desarrollos institucionales adecuados a las pautas del GAFI, conocidas como las “40 Recomendaciones”. Los mencionados estándares abarcan una completa gama de cuestiones estratégicas relacionadas al abordaje integral contra el lavado de activos, que van desde aspectos legislativos, de coordinación interna y cooperación internacional.

Principios de justicia y honestidad imponen recordar que el camino trazado por nuestro país desde el ingreso al organismo internacional en el año 2000 estuvo marcado por graves retrocesos, pero también por avances significativos. El hito más importante en dicho proceso se materializó en octubre del año 2014, cuando en su 26ª reunión plenaria en París, el GAFI decidió por consenso unánime de sus 36 países miembros sacar a la Argentina del seguimiento intensivo al cual se encontraba sometida junto a otros Estados con deficiencias estratégicas en materia de lucha contra el delito de lavado de activos. La decisión implicó que, a nivel global, Argentina, se encuentra desde esa fecha entre los países con mayor estándar técnico, por poseer uno de los planes y sistemas más consistentes para combatir esos fenómenos criminales.

Pero antes de dar ese paso tan importante, nuestro país no se encontraba con una buena calificación. De hecho, lo que motorizó la decisión política adoptada por el Gobierno en 2010 de iniciar una serie de reformas estructurales fue un informe negativo que el organismo internacional emitió tras una visita en el año 2009.

En esa oportunidad, el foco estaba puesto en el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF). El saldo de ese proceso arrojó incumplimientos de 49 de las 54 directrices estratégicas. La consecuencia para Argentina fue haber sido incorporada a la denominada “lista gris” junto a otros Estados en similares condiciones deficitarias. Pero la situación se revirtió a partir de la puesta en marcha de un ambicioso proceso que comenzó en 2011 y culminó en 2014, mediante un extenso y complejo plan de acción que cubrió en tan solo tres años la totalidad de las deficiencias marcadas por el organismo internacional. Con ello terminó el mito según el cual la criminalidad económica no se investiga debidamente en nuestro país, aún cuando falta bastante por hacer al respecto.

El rol del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a partir del compromiso asumido con la creación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) en 2012, fue acompañar este proceso brindando asesoramiento técnico legal a la delegación argentina en cada foro regional y mundial vinculados a la problemática, particularmente en las reuniones plenarias del GAFI.

El auspicioso presente de nuestro país en el GAFI se debe a la continuidad de una decisión política firme, seria y consistente adoptada hace más de diez años. El compromiso político asumido por el Estado argentino como parte del Grupo de Acción Financiera Internacional en 2010, y sostenido a lo largo de los años para abordar el lavado de activos y otras manifestaciones de la criminalidad económica, es la única razón que explica nuestro auspicioso presente.