Fracking en Vaca Muerta y sismicidad inducida

Durante las primeras dos semanas de septiembre, el Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI) documentó un total de 14 eventos sísmicos en tres zonas de Neuquén, coincidentes con el territorio productivo de Vaca Muerta. Uno de ellos, ocurrido el viernes 8 de septiembre, tuvo una magnitud de 4 puntos en la escala de Richter y afectó seriamente a la localidad de Sauzal Bonito. Según el análisis de los sismólogos de Red Geocientífica Chile, se produjeron 12 réplicas desde ese día. Este aumento alarmante en la actividad sísmica se ha manifestado en los últimos cinco años, con más de 430 sismos registrados en la región.

Este territorio es catalogado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) como zona de sismicidad reducida, incluso tras la reciente actualización del mapa nacional de riesgo sísmico (aceleraciones del suelo <0.05 g). Los residentes nunca habían experimentado temblores y el INPRES no tenía registros históricos. Sin embargo, desde la llegada del fracking a Vaca Muerta los pobladores de las localidades y zonas rurales cercanas viven las consecuencias de esta actividad, que incluyen daños en las viviendas, estrés y temores en la población, y un riesgo geológico cada vez mayor por la caída de rocas en las proximidades de las viviendas.

Para extraer los hidrocarburos no convencionales desde la formación geológica Vaca Muerta, la actividad se vale de métodos extremos como el fracking. Este método consiste en perforar la roca hasta alcanzar la ubicación de los hidrocarburos, detonar la roca con explosivos y luego inyectar gigantescos volúmenes de una mezcla de agua, arena y productos químicos a presiones extremas. Hasta 120 millones de litros de agua y 15 toneladas de arena por pozo. Este proceso de extracción de hidrocarburos provoca la activación de fallas naturalmente preexistentes mediante la inducción de desequilibrios en el balance de fuerzas del subsuelo y, en última instancia, produce sismos.

Es importante señalar que las empresas operadoras en la cuenca neuquina ya reconocen su responsabilidad en la sismicidad inducida y han implementado un sistema de “semáforo sísmico” para monitorear los movimientos relacionados con sus operaciones. Este sistema utiliza tres colores para indicar el nivel de actividad sísmica. El verde significa que se ha detectado un sismo, pero que las operaciones pueden continuar. El amarillo indica una magnitud mayor, lo que requiere que las empresas espacien sus operaciones. Y por último, el rojo señala una situación de sismicidad mayor que puede tener efectos en la población y en las herramientas de las empresas.

Esto contrasta con situaciones como la de Estados Unidos o Canadá: tanto en Oklahoma como en Alberta es el Estado quien controla y regula el semáforo sísmico. Pero, en nuestro país, esta información se mantiene puertas adentro de las empresas, bajo estrictos acuerdos de confidencialidad llegando al colmo de la desaparición del Estado como regulador de las problemáticas ambientales. Las empresas han instalado 22 sismógrafos y la información que estos generan las procesa el Instituto Geofísico Fernando Volponi de la Universidad Nacional de San Juan. El instituto Volponi devuelve los datos procesados a las operadoras y el Estado mira para otro lado. De este modo y en contra del interés y la seguridad públicos, los datos quedan en posesión de las empresas y no del Estado. Las empresas reciben esos datos antes que Defensa Civil o cualquier organismo público.

Los residentes de localidades como Sauzal Bonito, en la provincia de Neuquén, a cinco años de iniciados los sismos inducidos, aún no recibieron una explicación oficial de lo que ocurre bajo sus pies. La empresa Tecpetrol, que fractura debajo del pueblo, en una respuesta a un pedido explícito de información sobre la ocurrencia de sismicidad inducida realizado por la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén, amenaza diciendo: “la información compartida con ese organismo no reviste carácter público, y no resulta requerida por normativa vigente, por lo que solicitamos la reserva de la misma”.

La empresa le solicita reserva a la Subsecretaría de Ambiente. La misma empresa que no menciona en los Estudios de Impacto Ambiental la sismicidad inducida en el área de mayor producción de gas del país. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en su mesa de entrada un amparo sobre este tema presentado por vecinos de Sauzal Bonito y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) desde julio del 2021. Pero el pueblo aún espera respuestas.