La disputa por la coparticipación entre Nación y CABA está siendo dirimida por jueces, abogados y juristas. Pero el tema de fondo es eminentemente político. Los gobernadores de muchas provincias que se ven beneficiadas por una distribución de recursos mayor a lo que ellas mismas generan se abroquelaron en defensa del Presidente. Todas beneficiarias a excepción de una: Buenos Aires. Del otro lado se ubicaron, por acción u omisión, las provincias que son aportantes netas de recursos para las demás: además de CABA, notoriamente Santa Fe y Córdoba.
El argumento de los gobernadores críticos del fallo de la Corte Suprema residió en que quitarle recursos a Nación impedirá que esta ejecute gastos en sus propias jurisdicciones provinciales, gastos que tienden a hacer justicia distributiva en favor de estas provincias, las que se auto-perciben como más en desaventaja. Para peor, sigue el falaz argumento, el fallo pretende quitarles recursos a esas provincias más pobres para dárselos a la rica ciudad capital. Con este razonamiento, justificaron y alentaron la rebelión del Presidente contra la Corte Suprema.
Nuestra Constitución establece un sistema en el cual el gobierno federal o nacional se encarga de ejecutar gastos que hacen a toda la Nación considerada como unidad. Las provincias, por su parte, ejecutan gastos siguiendo un criterio estrictamente provincial. Y, por último, en tercera instancia, existen recursos que buscan una redistribución “equitativa, solidaria y que dé prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional” (art. 75.2, Constitución Nacional).
Esta tercera instancia, la de la justicia redistributiva federal, está estrictamente acotada al régimen de coparticipación de impuestos. Si la Nación, en cambio, busca con sus partidas ayudar a algunas provincias por encima de otras, en lugar de atender a toda la ciudadanía con criterio nacional, está incumpliendo su cometido. Cuando los gobernadores provinciales alientan esto mismo, están pretendiendo recursos federales de manera ilegítima. Solo así se explica que en esta oportunidad la provincia de Buenos Aires, que produce aproximadamente el 40% de los recursos nacionales y recibe sólo el 12,5% de la coparticipación, no esté alineada con CABA, que está en una situación igual o peor, ya que produciendo más del 20% de los recursos impositivos, recibe sólo el 3,5% (Consenso Fiscal - Ley 27.429 de 2017), o el 2,95% (Corte), o el 2,32% (DNU 735/20) o el 1,4% (Ley 27.606 de 2020). En cualquiera de estos casos que se elija considerar, la Ciudad recibe entre 6 y 15 veces menos de lo que aporta.
El Estado, en cualquiera de sus niveles, no tiene solo la misión de hacer justicia redistributiva entre ciudadanos y provincias, como muchas veces parece interpretarse. Esa es solo una función y debe ser acotada y objetivamente ejecutada. De lo contrario, la justicia distributiva lo justifica todo. Las provincias y los ciudadanos más pobres siempre tendrían prioridad absoluta y los demás no merecerían ningún servicio ni bien público. Esto no es correcto. La redistribución entre provincias está acotada al régimen de coparticipación de impuestos federales tal como lo establece la Constitución. Cumplido el reparto redistributivo de recursos según ese Régimen, Nación y provincias, cada una con sus propios recursos derivados de él, deben atender a sus ciudadanos siguiendo un criterio nacional o provincial, respectivamente.
Llevamos 26 años de retraso en instaurar un nuevo régimen como manda la Constitución. Un régimen que revise una situación que se fijó en 1988, cuando ni CABA ni Tierra del Fuego eran provincias con derecho al reparto de recursos. Por este motivo he presentado en 2021 un proyecto de ley de Coparticipación que aun no hemos logrado tratar en el Senado. Aboquémonos a lo que nos corresponde y terminemos con discusiones estériles y bravuconadas.
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