Crimen organizado y perspectiva de género

Cada vez es más frecuente ver en nuestros despachos causas judiciales en las que se ventilan hechos vinculados al crimen organizado, en los que aparecen mujeres involucradas en diferentes roles. Mujeres imputadas que trafican droga en sus cuerpos; que venden droga en sus casas o alrededores o la guardan en su domicilio; que lideran bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes cuando sus maridos son apresados; o que se dedican a captar víctimas para insertarlas en redes de trata de personas, etc. O mujeres víctimas directas o indirectas de ese tipo de criminalidad: niñas secuestradas para pedir rescate en kilos de droga a padres narcotraficantes; madres negociando con secuestradores para liberar a esposos o hijos vinculados a la venta de droga a cambio de pago en estupefacientes; madres que ven morir a sus hijos por enfrentamientos entre bandas, por mencionar algunos ejemplos.

Los estudios especializados informan que en Latinoamérica la población carcelaria de mujeres aumentó un 52%, más del doble de lo que creció el total de esta población en la región. En nuestro país, según se desprende de un informe del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la población carcelaria de mujeres creció entre 2002 y 2018 un 82%, del cual un 52% está vinculado a hechos de narcotráfico. En línea con estos números, se sostiene que la participación de mujeres en operaciones relacionadas con el narcotráfico es una de las principales causas de criminalización femenina en los países de América Latina y que la guerra contra las drogas se ha convertido en una guerra contra las mujeres pobres y extranjeras, lo que incide de manera directa en la situación penitenciaria.

La experiencia demuestra que un número importante de las mujeres que participan en actividades de crimen organizado son compañeras, madres, hijas y hermanas capacitadas por hombres. Su ingreso a las organizaciones se produce, en general, a partir de la adquisición de un conocimiento previo de las actividades criminales de su entorno social, sentimental y familiar. Esos entornos generan con las mujeres vínculos de confianza y lealtad, que las llevan en más de un caso a ocupar posiciones de liderazgo y toma de decisión, particularmente cuando alguno de los familiares hombres están detenidos o deben esconderse de las fuerzas policiales.

Un informe de UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) expone las dimensiones de género en la trata de personas, en el que la proporción de mujeres reportadas como autoras es notable -con una fuerte participación especialmente en el tráfico de niñas-, como también el alto porcentaje de mujeres víctimas. El tráfico ilícito de migrantes es otro exponente de la criminalidad organizada, en el que también hay un alto porcentaje de mujeres víctimas, y otras que cumplen roles específicos en la captación y acompañamiento de aquellas, su alojamiento en las distintas etapas de la ruta y la realización de tareas de apoyo en general. También el mercado del tráfico de armas de fuego es un terreno a analizar, sobre el cual no se cuenta con estadísticas o información precisa, aunque se advierte claramente que las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada por las armas cortas, sobre todo por el hecho de que casi todas esas armas sean propiedad de los hombres, lo que las pone en una situación más vulnerable.

En líneas generales existe una tendencia a considerar a las mujeres como subordinadas al actuar de los hombres y a vincular su participación en delitos de este tipo como consecuencia de su situación de vulnerabilidad y desigualdad estructural. Sin embargo, los expertos advierten que la relativa invisibilidad de las mujeres en los debates acerca del crimen organizado también es producto de la percepción generalizada de estas como apéndices de sus compañeros varones, y ponen de relieve que los estereotipos de las mujeres como dependientes y débiles, refuerzan a su vez la noción de que son débiles e incapaces de tomar sus propias decisiones independientes en relación con los negocios ilegales. Al respecto, como contrapartida de la imagen de subordinadas de las mujeres, se exponen figuras femeninas emblemáticas en países como México, Colombia, Guatemala y Panamá, que llevan adelante fuertes liderazgos basados tanto en el uso de sus habilidades intelectuales o técnicas como en el ejercicio de la violencia -que en más de un caso es aplicada más ferozmente que los hombres, para reafirmar el liderazgo-.

La necesidad de que los operadores judiciales tengamos una perspectiva de género a la hora de juzgar, llevó a que tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa publicaran documentos que establecen los caminos a seguir por los funcionarios a la hora de abordar estos casos, coincidiendo ambos ministerios en la necesidad de dar soluciones especiales cuando quede en evidencia una participación criminal derivada de una desigualdad estructural entre hombres y mujeres. De este modo, defensa y acusación coinciden en la necesidad de tener un criterio especial a la hora de abordar los casos de ingesta de estupefacientes, víctimas de trata de personas, situación de vulnerabilidad económica precaria y/o problemáticas familiares, víctimas de violencia de género, situación de engaño y/o coacción, “mujeres de las circunstancias”, criminalización de travestis y trans, criterios para otorgar la prisión domiciliaria, y casos de mujeres cis, trans y travestis extranjeras no residentes, entre otros casos que denoten un algo nivel de vulnerabilidad.

En su mayoría se trata de mujeres solteras y familias monoparentales, por lo que su detención cuando los hechos son descubiertos, suele desarmar el entramado familiar, dejando sin contención a los hijos o niños que viven de y con ellas. Hoy es un gran problema a resolver qué hacer con los niños que se quedan solos una vez apresadas sus madres, pues de las decisiones que como jueces tomemos dependerá que su futuro transcurra en instituciones para menores, separados de sus padres y hermanos. Por eso, otra política institucional es la de aceptar -luego de una seria evaluación de cada caso y de contar con los informes socioambientales llevados a cabo por los expertos- que cumplan la detención en sus domicilios, permitiéndoseles salidas para acompañar a sus hijos al colegio, al médico, a vacunarse, a hacer las compras diarias o a trabajar de alguna manera para asegurar el sustento familiar.

Este breve panorama introductorio, sirve para llegar al punto central que quiero transmitir, el cual es que el estudio de las particularidades de la actuación de las mujeres en el crimen organizado debe ser visto como una base fundamental para la puesta en marcha de políticas públicas que formen parte de las estrategias gubernamentales para desbaratar estas organizaciones criminales. Por un lado está claro que, tal como lo reconoce el propio organismo encargado de la persecución penal pública, la represión y privación de la libertad de mujeres que cumplen roles secundarios sin ascender en la escala jerárquica de las organizaciones delictivas, no es más que un recurso que lo único que hace es aumentar las estadísticas de condenas y detenciones, cortando el hilo por lo más débil. Con sólo mirar a esas mujeres, tan carentes de recursos como antes de empezar a delinquir, cualquiera puede advertir que lejos están de ser las dueñas del negocio. Mientras llenamos las estadísticas, el problema del crimen organizado en nuestro país empeora, y los proveedores y productores de la droga, o los que manejan las organizaciones, no aparecen identificados casi en ningún expediente. Lejos de ello, se advierte que las estrategias defensistas de esas mujeres en las causas penales, que terminan reconociendo los hechos que se les imputan a cambio de reducciones de penas, son absolutamente funcionales a esos hombres que lideran las organizaciones, y hay un muy poco uso de herramientas que permitan obtener de ellas la información sobre los verdaderos beneficiarios de la actividad ilícita, sin que ello implique poner en riesgo sus vidas.

En un reciente reportaje, la jueza italiana Paola Di Nicola Traviglini, que participó hace poco del encuentro llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA “Reutilización social de bienes recuperados de la Criminalidad Organizada, una oportunidad para la sociedad civil y el Estado”, dijo en un reportaje efectuado por la periodista Emilia Delfino: “las mujeres de la mafia son la verdadera herramienta para sacudir a las organizaciones mafiosas, pero los jueces no lo ven… Escuchan todo, lo saben todo, conocen los caminos y son depositarias de la cultura mafiosa. Es gracias a las mujeres que se perpetúa el sistema mafioso. No valen nada para la mafia, pero lo son todo para la mafia. Porque los hombres de la mafia no existen, en el sentido de que no están físicamente ahí. Los mafiosos están prófugos, están escondidos, están en prisión. Los niños, las niñas, ni siquiera saben cómo es el padre o el abuelo… Cuando la mujer se escapa, se lleva a los niños. Cuando la mujer se rebela, cuenta lo que sabe a los jueces… El Poder Judicial debe leer todo lo que está en el día a día de esa mujer, que no es vida: es esclavitud. Si leyéramos los indicadores evidentes, visibles y claros de la violencia machista contra la mujer, inmediatamente seríamos capaces de romper la estructura mafiosa”. Para finalizar, Traviglini sostiene que “si las mujeres tuvieran autonomía económica y lugares físicos donde ir, lugares restituidos, ciertamente se convertirían en una herramienta aún más poderosa para la implosión de la mafia… Si un porcentaje incautado por el Poder Judicial se le diera a las mujeres para sus caminos de autonomía, la mafia se quedaría sin esa agua en la que crece…”.

No hay ninguna duda acerca de la necesidad y la importancia de implementar políticas de género para evitar la desigualdad estructural que existe entre hombres y mujeres, pero no puede perderse de foco que las políticas de género aplicadas a la lucha contra el crimen organizado abren una posibilidad que es importante explorar. Si bien son un avance las propuestas que permiten abordar de manera diferente la situación de las detenidas por estos delitos, no puede dejarse de lado el rol de las mujeres como víctimas de las organizaciones, y la manera en que el Estado puede mejorar su condición frente a las consecuencias que sufren por los hechos de violencia, aprovechando a la vez la información que puedan aportar para desbaratar las organizaciones que les hicieron daño.

Una vez más, se pone de relieve la importancia que reviste el recuperar los bienes obtenidos por el actuar delictivo, no solamente como manera de desbaratar las organizaciones criminales al reducir o quitarles sus recursos económicos, sino también como manera de llevar adelante políticas públicas efectivas, que sean reconocidas por la sociedad como un éxito de las agencias de persecución del delito, pero también, como una reparación sin intermediarios del daño social producido por la actuación de las organizaciones criminales.

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