Intervención de la AFI: nuevos desafíos para la refundación del Sistema de Inteligencia Nacional

Hoy se cumplen dos años desde que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció ante la Asamblea Legislativa su decisión de sanear los sótanos de la democracia y, como primer paso, intervenir la Agencia Federal de Inteligencia, protagonista de maniobras y operaciones al margen de la ley para perseguir a las disidencias de todo tipo. Pocos días después, tuve el honor de ser convocada para encabezar la intervención, junto a un equipo de colaboradores y colaboradoras que asumieron el mandato presidencial como un servicio para la democracia. Lo que yo llamo: “Hacer Patria”.

Vale poner en contexto la decisión presidencial: apenas asumió, el ex presidente Néstor Kirchner decidió continuar y concluir la enorme tarea de integrar a las Fuerzas Armadas definitivamente al Estado de Derecho. El siguiente peldaño en este proceso fue encabezado por la ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández, al crear el Ministerio de Seguridad de la Nación y así avanzar en el control civil de las fuerzas federales. La Intervención dispuesta por el presidente Alberto Fernández es la continuación de una de las políticas centrales de nuestros gobiernos: profundizar la institucionalidad democrática.

Néstor entendió la necesidad de que el Estado Nacional acompañe el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, que gracias a la lucha de los organismos de Derechos Humanos se había transformado en un reclamo de casi toda la sociedad; Cristina, por su parte, comprendió que debía ponerle fin a la autonomía de las fuerzas federales y Alberto hizo lo propio, luego de un proceso de utilización de la AFI y la Justicia como puntas de lanza para la persecución política.

La intervención que encabezo no es un proceso sin aprendizajes, conflictos y resistencias. Pero transitar esos caminos es inevitable para cumplir con el mandato presidencial.

Y vale la pena destacar que la herramienta de la intervención nos permitió avanzar no solamente en detener para siempre las operaciones y la persecución política, sino también poner a la AFI a elaborar inteligencia acorde a las necesidades que impone el escenario global del Siglo XXI. Todos los procesos de cambio encuentran resistencias de quienes precedieron en la función. Al comienzo, la Intervención halló un organismo pensado, estructurado y gestionado con una cultura del secreto muy arraigada en las viejas prácticas de la Guerra Fría. Cada vez que planteábamos alguna modificación, recibíamos respuestas internas y externas que se podrían resumir en “siempre, se hizo así y se hace así en todo el mundo”. Pero resulta que cada vez que escuchábamos esas excusas para sostener la tradición, el diálogo con los y las representantes de los principales servicios de inteligencia del mundo nos demostraba que íbamos por el camino correcto.

La intervención también nos permite revisar el pasado reciente e histórico de la Agencia Federal de Inteligencia. Esa facultad que nos confirió el presidente nos dio la legitimidad para iniciar un proceso de análisis de la documentación histórica vinculada a las violaciones a los Derechos Humanos; revisar si en la información hallada (que no fue mucha) había pruebas de actividades ilegales y presentar las denuncias correspondientes a la justicia; organizar y poner a derecho los procedimientos administrativos; transparentar el presupuesto de la Agencia, y ponderar cada prioridad, cada enfoque, cada tema de interés y cambiar todo lo que deba ser cambiado. Con más de 25 años de experiencia en el servicio de administración de justicia, donde me jubilé en 2019 como fiscal, sé que el camino es dentro del Estado de Derecho.

Hoy, a dos años de asumir, puedo decir con orgullo que la Agencia Federal de Inteligencia ya no se dedica a sacarle fotos a quienes encabezan manifestaciones de ningún tipo, ni pertenencia política.

Y si no saca más fotos de marchas, ni “pincha” teléfonos, ni utiliza los fondos reservados de manera discrecional ¿qué hace la AFI? El 8 de octubre de 2020, el presidente de la Nación entregó a los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN -integrado por la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad-) los lineamientos estratégicos, que según la Ley de Inteligencia Nacional deben regir todas las actividades del inteligencia. Allí, Alberto Fernández nos encomendó concentrar nuestros esfuerzos en producir información de calidad que permita tomar decisiones en torno a temas como desarrollo integral de la Nación, lucha contra el terrorismo, política exterior, Atlántico Sur y Sector Antártico, recursos naturales estratégicos, crimen organizado y ciberamenazas. Este documento es la base sobre la cual se elaboró el Plan de Inteligencia Nacional vigente. Estas directivas nos han permitido articular con otras agencias internacionales y profesionalizar el trabajo que realizan quienes integran la AFI con el único objetivo de proteger la integridad de la Nación y sus recursos.

Nuestra joven democracia merece cerrar el capítulo de la persecución política a las disidencias para avanzar en la consolidación del respeto al Estado de derecho. No me he cansado de decir que las actividades de inteligencia ilegal son una trampa a la democracia y han causado mucho dañado.

Por estos motivos, es necesaria la generación de consensos para que las reformas que el presidente de la Nación nos encomendó sean sostenibles en el tiempo y se transformen en un piso desde donde construir y no un intento truncado por coyunturas adversas. Esta renovación de la intervención es parte de ese camino que debemos afianzar para incorporar definitivamente a la Agencia Federal de Inteligencia a nuestro sistema democrático.

*Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia