¿Quién gobierna para los jubilados?

Mucho se ha escuchado a dirigentes, referentes y miembros del kirchnerismo asegurar en campaña, en gestión y cuando son oposición, que son ellos quienes defienden a los jubilados, que cuidan y protegen el bolsillo de quienes aportaron toda su vida. Utilizando la bandera de la justicia social, se arrogan como pilar de su accionar político la defensa de los más desprotegidos de la sociedad, echando culpas a otros sectores políticos de promover el ajuste y vulnerar los derechos de los jubilados. ¿Pero es realmente así? ¿Quién gobierna realmente para los jubilados?

Si vemos lo que ha hecho el kirchnerismo con las jubilaciones, primero se puede resaltar el veto de Cristina Fernández de Kirchner en 2010, a través del decreto 1482, del 82% móvil a los jubilados que había sido aprobado en el Congreso.

Luego de la victoria de la oposición en las elecciones legislativas de 2009, se pudo llevar adelante un trabajo coordinado y exhaustivo entre los miembros de la oposición buscando garantizar este derecho para los jubilados, aplicando la doctrina de la Corte a partir de los fallos Badaro y Sánchez. En primer lugar, el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados por 135 votos afirmativos contra 89 votos negativos, correspondientes estos últimos a los miembros del por entonces Frente para la Victoria-PJ y aliados. Luego, en el Senado, hubo desempate a favor de los jubilados por parte del vicepresidente Julio Cobos, después de que la votación arrojara un 35 contra 35, también con el Frente para la Victoria-PJ y aliados oponiéndose a esta iniciativa. Días después, bajo el argumento de que esa ley implicaría “la quiebra del Estado”, Cristina Kirchner decidió vetarla y así privar de este beneficio a más de 5 millones jubilados.

Años más tarde, cuando se realizó la sesión en diciembre de 2017 para establecer una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el kirchnerismo, por ese entonces opositor, intentó bajo todos los medios posibles, incluyendo la violencia física y verbal dentro del propio recinto, impedir la sesión argumentando que la nueva fórmula iba a representar un “ajuste” para todos los jubilados.

De no haber sido por esta fórmula, en los últimos dos años de la gestión Cambiemos los jubilados hubiesen percibido menos haberes de lo que hubiesen registrado de haber mantenido la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en 2008 bajo el mandato de Cristina Kirchner. Para reflejarlo en números, con la fórmula de 2008, las subas en la segunda mitad del Gobierno de Mauricio Macri hubiesen sido del 68%, mientras que, con la fórmula aprobada en 2017, las subas, para idéntico período de tiempo, fueron del 78,5%.

Luego, ya en el Gobierno de Alberto Fernández, durante la pandemia, decidieron prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2020, 180 días más de lo previsto por la ley de solidaridad social, la suspensión por decreto de la movilidad jubilatoria, un derecho constitucional que debe ser garantizado a todos los jubilados y que desde Casa Rosada decidieron dejar todo a merced de decretos emitidos por el presidente Alberto Fernández, dejando como consecuencia una pérdida en los haberes percibidos de entre el 5% y el 13% para los jubilados en 2020, con respecto a los que hubiesen recibido de haberse mantenido la fórmula aprobada durante la gestión de Cambiemos.

Además, cuando finalmente el Gobierno actual impulsó una nueva fórmula de movilidad de las prestaciones en diciembre del año pasado, el proyecto no representó previsibilidad ni transparencia alguna y perjudica gravemente al Sistema Previsional. En términos de ingresos, en el primer semestre de este año, las jubilaciones perdieron alrededor de 5 puntos con respecto a la inflación comunicada para el mismo período.

Actualmente, para reflejar la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran nuestros adultos mayores, la jubilación mínima es de $25.922, muy por debajo de la línea de pobreza (al cierre de esta columna se conoció que aumentará a 29.062). Tan solo hay que detenerse dos segundos y pensar, ¿alguien puede vivir con esa plata por mes en nuestro país?

Frente a esta situación, días atrás se conoció la noticia de la no apelación por parte de Anses contra Cristina Kirchner, por lo que la actual vicepresidente seguirá cobrando dos pensiones, una por ser ex presidenta y otra por ser esposa de un ex presidente difunto. Con esto, mientras miles de jubilados cobran la mínima y deben hacer lo imposible para llegar a fin de mes, el Estado decidió avalar, a través de la Anses, que la vicepresidente reciba $2,5 millones mensuales.

Resulta al menos contradictorio que un Gobierno, que dice alzar la bandera de la justicia social y velar por los más desprotegidos de nuestra sociedad en su discurso, en la práctica lleva adelante acciones que han sido, como lo reflejan las cifras, ajustes en los ingresos, en la capacidad de compra y en los derechos de los jubilados, uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.

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