Cada vez somos más los jóvenes y adultos que somos conscientes de la crisis climática que atraviesa nuestro planeta. Tenemos que cambiar nuestro accionar, nuestra matriz energética y productiva para bajar las emisiones de carbono y evitar que nuestro planeta se siga calentando. Los líderes del mundo parecen haber entendido esta gravedad, coordinan acciones para reducir esas emisiones y, en nuestro país, el presidente Fernández ratificó ese compromiso semanas atrás.
Pero vemos en el tema ambiental una historia que se repite: el kirchnerismo instalando su relato ecológico para esconder su contaminante accionar. Este año vimos cómo se quieren disfrazar de ambientalistas con leyes que hemos impulsado desde Juntos por el Cambio como la ley Yolanda, la ley de educación ambiental o la ley de biocombustibles, de autoría del ex senador radical Falcó. Se dicen ambientalistas, pero cuando es el momento de actuar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero presentan una iniciativa que atrasa décadas la producción de biocombustibles.
Se estima que la ley de biocombustibles, votada en 2006, evitó la emisión 49 millones de toneladas de dióxido de carbono en estos años, ya que está comprobado que su uso genera 70% menos de gases comparado con los combustibles fósiles. No son 100% neutros en carbono, pero sí un avance frente a los combustibles convencionales. Pero en vez de seguir fomentando este sector e implementar otros biocombustibles, presentan un proyecto que bajaría el porcentaje de biocombustibles que tienen la nafta o el gasoil, aumentando la contaminación y destruyendo esta industria verde.
Impacto ambiental y laboral
La ley de biocombustibles se creó con el objetivo de fomentar el federalismo, logrando instalar industrias de valor agregado en localidades del interior. Generaron cientos de trabajos en La Pampa, con plantas en Catriló y General Pico, de una industria de avanzada que toma la materia prima que producimos en la agricultura y la procesa para general biodiesel. Además, tienen un impacto indirecto en otros sectores de esas localidades como trasportes, talleres y demás servicios. Lo mismo sucede en cada localidad del país donde están instaladas las 54 plantas existentes.
Estas pymes de La Pampa producen biodiesel para que el 10% del litro de gasoil no sea de combustible fósil. Pero este nuevo proyecto les bajaría el porcentaje a un 5%, con la posibilidad de bajarlo hasta un 3%, casi eliminando el biodiesel. Esta baja al corte que propone la nueva ley deja la capacidad productiva al 50% o incluso menor, afectando directamente su funcionamiento y la estabilidad de sus trabajadores.
Es por esta razón que la iniciativa presentada por los diputados del Frente de Todos no solo será un retroceso ambiental, sino que además quebrará a las pymes productoras de biocombustibles y peligrarán miles de puestos de trabajo en todo el país.
Política ambiental de estado
Durante la gestión de Juntos por el Cambio se avanzó en leyes y programas que tenían el objetivo que hoy estamos dando por tierra: cambiar la matriz energética hacia una de mayor incidencia renovable. Los parques eólicos y solares son el ejemplo más claro. Aprobamos leyes que incentivan la inversión, licitamos programas de financiamiento y así logramos que se multiplicara la cantidad de energía renovable que se consume en Argentina, pasando de un 2,3% en diciembre 2015 a picos de 23,3% en diciembre de 2020, con promedios anuales entre 10% y 15%. Estas son las políticas de estado que tenemos que profundizar.
Nuestra agenda ambiental en el Congreso debe mantener la premisa de eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero y no aumentarlas, como plantea esta nueva ley de biocombustible. Por ello, debemos debatir leyes que busquen aumentar las inversiones en materia de energías renovables, incentivar a las industrias a convertirse en menos contaminantes y legislar para terminar con los basurales a cielo abierto. En definitiva, tener una agenda ambiental ambiciosa.
Pienso que más que un frente ambiental, el kirchnerismo está haciendo ambientalismo de cotillón. Este año avanzamos en varias leyes importantísimas para la educación con perspectiva ambiental, pero no hemos dedicado ni una hora en el Congreso a debatir cómo logramos bajar las emisiones, cómo logramos aumentar la producción de energías renovables ni cómo logramos actualizar el marco regulatorio para nuevas tecnologías, como el hidrógeno o el e-metano.
Cruzando nuestra frontera, en el sur de Chile ya están avanzando en proyectos para producir hidrógeno verde, con parques eólicos y mediante electrólisis desde el agua del mar. Este mismo país ya está debatiendo los marcos regulatorios que acompañen esas inversiones y la conversión de su matriz energética renovable. Esperan finalizar esta década como los productores de hidrógeno más baratos del planeta y uno de los mayores exportadores de este combustible libre de emisiones a nivel mundial en la década siguiente.
Mientras Chile debate sobre las nuevas energías limpias, nuestro gobierno fomenta leyes que incentivan los combustibles fósiles, dejando de lado las ventajas que tiene nuestro país en materia renovable. No solo no vamos a cumplir el protocolo de París de reducir emisiones, sino que además perderemos el camino a la transición entre combustibles fósiles a renovables. Quedaremos relegados, teniendo una de las regiones con más potencial para la producción de hidrógeno a partir de energías renovables.
Le emergencia climática no puede esperar más. Es momento de dejar el ambientalismo de cotillón para debatir de forma urgente cómo reducimos las emisiones y cambiamos la matriz energética por una renovable. Si no actuamos ahora, no habrá presente ni futuro viable.
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