La pandemia provocada por el Covid-19 enfrentó a los gobiernos con la necesidad de tomar medidas urgentes para contener la circulación del virus y proteger la vida de los ciudadanos. A más de siete meses de la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), hay miles de personas que siguen sin poder volver a sus hogares por las medidas restrictivas adoptadas por las provincias.
Formosa, donde gobierna Gildo Insfrán, hace meses que restringe el ingreso de formoseños a su territorio. Hay personas varadas en distintos puntos del país que viajaron para asistir a un turno médico, estudiar o trabajar temporalmente; otras que han logrado llegar al límite provincial pero no son autorizados a ingresar y permanecen en condiciones precarias al límite de la ruta, sin comida, hospedaje, ni ayuda estatal; y otras son obligadas a hacer aislamiento en centros cuyas condiciones sanitarias insalubres han derivado en denuncias judiciales.
Amnistía Internacional tomó conocimiento de la existencia de al menos 900 personas que han reclamado judicialmente volver a su casa. Desde la organización realizamos un pedido de información pública al gobernador para conocer detalles sobre el universo de personas impedidas de acceder a la provincia. También participamos como observadores en la audiencia judicial que, además de ordenar el ingreso de 99 personas, declaró la inconstitucionalidad de todo el sistema de restricción de ingreso dispuesto por las autoridades formoseñas. Tras 200 días de la declaración de la emergencia sanitaria, es inaceptable que la respuesta brindada por el gobierno formoseño continúe siendo el cierre casi total de sus fronteras locales.
Pero el problema no es solamente de la provincia. Conforme al derecho internacional de los derechos humanos el Estado Nacional es responsable y debe actuar cuando se violan los derechos humanos de los ciudadanos. Escudarse en la estructura federal del país no deslinda al gobierno Nacional ni de su responsabilidad ni de su obligación y compromiso con los derechos humanos de todas las personas. Tanto las autoridades nacionales como provinciales deben dar una respuesta a los ciudadanos que esperan la demorada autorización para cruzar las fronteras provinciales.
Amnistía Internacional comenzó un diálogo con afectados por las medidas restrictivas adoptadas por la provincia. Camila, de 23 años, se encuentra hace dos semanas en el Puente Libertad, que conecta Chaco con Formosa. En diciembre pasado decidió pasar las Fiestas junto a su pareja y su familia en Buenos Aires y, desde entonces, sin contar con lugar para quedarse ni recursos, decidió regresar a Formosa a dedo y caminó la mayor parte del trayecto. Por la desesperación de no poder volver a su casa quiso cruzar los límites provinciales a nado por el río Bermejo. Hilda, de 49 años -quien se encuentra varada allí hace seis meses- la convenció de que no lo hiciera. Hace semanas se conoció la triste noticia de la muerte de un joven que, desesperado por volver a su casa, intentó hacer ese recorrido a nado. Hilda vive en una garita con su marido gracias a la solidaridad de vecinos que le dan agua potable y comida, esas redes informales de apoyo son el único sostén que reciben decenas de damnificados.
Quienes logran cruzar la frontera, deben hacer cuarentena obligatoria durante 14 días en los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP) dispuestos por las autoridades. Según denuncias de afectados, existen instalaciones que no cuentan con las condiciones mínimas de salubridad: algunas son carpas, no tienen agua corriente y las personas han tenido que compartir habitación con grupos numerosos lo cual impide el aislamiento, entre otras irregularidades.
El derecho internacional prevé excepciones a la libertad de circulación para proteger la salud pública en situaciones extraordinarias. Sin embargo, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, estrictamente limitada y necesaria, para evitar que sea utilizada de manera ilegal, abusiva e irrazonable; y no debe perpetuarse en el tiempo. El respeto a los derechos humanos, lejos de ser un obstáculo para el control de la pandemia, es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas. Volver a casa no debiera ser una odisea para los formoseños que hace meses están a la deriva de las políticas del Estado.
La autora es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina
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