8 aportes al debate sobre la reforma judicial

La participación social fortalece la democracia y mejora los procesos deliberativos sobre los asuntos públicos. Contribuye en tal sentido, el ejercicio del control sobre los actos de gobierno y la formulación de propuestas para el debate de reformas necesarias.

En tal sentido, desde hace tres años hemos conformado una asociación civil que pueda formar parte de una cultura de transparencia, respeto en el marco de la convivencia democrática y defensa irrestricta de la democracia y los derechos humanos.

La Asociación Civil Bajo la Lupa tiene entre sus propósitos promover comportamientos éticos, individuales y colectivos, para construir un mundo y una sociedad en paz, basada en el principio de igualdad y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas; coadyuvar al fortalecimiento del estado de derecho mediante el cumplimiento de la Constitución Nacional, las leyes y los convenios internacionales; Incentivar la transparencia, el control público y social y la rendición de cuentas como atributos de la gestión; contribuir a un mejor funcionamiento y la eficacia de la administración de Justicia, mediante la división de poderes y la independencia del poder judicial, garantizando el acceso a la justicia; incentivar una cultura de no impunidad de los crímenes de cualquier tipo, a través de la prevención, investigación, denuncia y condena; promover la educación ciudadana de formación ética en los distintos niveles de la enseñanza pública y privada.

Durante el mes de septiembre se realizó una Encuesta Nacional sobre Percepción Social de la Corrupción. Si bien no sorprenden, los resultados son alarmantes. Altos porcentajes de la población manifiestan su desconfianza en las instituciones; las menos confiables son las que están relacionadas con el sistema de representación popular: políticos, congreso, sindicalistas. Y en el mismo ranking, los miembros del Poder Judicial, aquellos a quienes les está reservada la custodia del funcionamiento de todas las instituciones y la garantía de todos los derechos de las personas.

Esta degradación se advierte particularmente peligrosa en tiempos de alta debilidad de nuestra economía y en medio de tanta incertidumbre sobre el futuro inmediato y ni que hablar del más lejano. La mayoría de los argentinos sienten que la política no presta atención a sus necesidades más elementales y reclama una justicia más abierta, eficaz, independiente, creíble, transparente.

En este contexto, el Poder Ejecutivo decide impulsar una serie de medidas relacionadas con el funcionamiento del Poder Judicial. Llamativamente, lo hace sin haber establecido un diálogo con los propios representantes de ese ámbito. No se trata solo del proyecto que se encuentra en tratamiento en el Congreso y que, en definitiva, no hace mucho más que crear un festival de cargos sin siquiera saber aún cómo podrán financiarlos. Los movimientos de la administración nacional también incluye remoción de magistrados, designación de nuevos, remoción del procurador y la creación de un Consejo Consultivo con una conformación cuestionable y objetivos que bien pueden despertar numerosas suspicacias: revisar la actuación de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Consejo de la Magistratura.

Frente a ello, la Asociación BLL decidió emprender un proceso de deliberación interna habiendo concluido que una reforma del funcionamiento del sistema judicial es necesaria, pero distante de las iniciativas del Gobierno. Por eso, decidimos poner en marcha la formulación de propuestas entendidas como aportes sobre temas que deberían estar incluidos.

Para cualquier reforma se impone encontrar acuerdos en torno al diagnóstico que podrá definir los objetivos y justificará las herramientas y los trayectos.

En tal sentido, hemos arribado a un diagnóstico que podríamos resumir en estos puntos: lentitud y baja eficacia; incapacidad para resolver problemáticas vinculadas con los derechos de las personas; falta de coordinación entre fueros y jurisdicciones; proliferación de conflictos que requieren la acción de la justicia; falta de perspectiva de género en las resoluciones judiciales; exceso de tecnicismos y de lenguaje forman que dificultan la interpretación por parte de la ciudadanía; baja transparencia y acceso a la información; procedimientos ineficientes y equipamientos obsoletos.

A partir de ahí, definimos los objetivos: preservar y fortalecer la independencia del Poder Judicial, evitando la intromisión de los poderes políticos; garantizar respuestas más rápidas y suficientes frente a las problemáticas y demandas sociales; agilizar los procedimientos hacia la búsqueda de la verdad respetando los principios de legalidad y defensa en juicio; incorporar tecnologías para la modernización del sistema; creación y/o fortalecimiento de nuevos fueros, con suficientes recursos y capacidades; promover una mayor participación social y reconstruir la credibilidad de las instituciones y la confianza social; eliminar prerrogativas y/o privilegios para el Estado cuando actúa como parte de un proceso judicial respecto de los ciudadanos.

Y concluimos con una serie de propuestas que presentamos en el Congreso de la Nación para que sean incorporadas en el debate legislativo:

1. Juicio por jurados: para que se cumpla con la manda de la Constitución Nacional en una demora que lleva muchos años. Especialmente destinado al juzgamiento de los delitos dolosos más graves y los delitos de los funcionarios contra la administración pública.

2. Puesta en vigencia del nuevo Código Procesal de la Nación y el sistema acusatorio.

3. Creación de la Justicia Federal para la Protección Ambiental, creando juzgados y fiscalías especializadas para intervenir en todos los procesos relacionados con cuestiones ambientales, tutela de los derechos de pueblos indígenas, controversias sobre ingreso de residuos peligrosos, etc.

4. Cambios de procedimientos como parte de una política criminal anticorrupción, resolviendo con la doble instancia procesal lo referido a condenas, limitando las instancias recursivas por su efecto en la dilación de los procesos.

5. Justicia digital, incorporando nuevas tecnologías de la información y comunicación, digitalización de expedientes, audiencias virtuales y todos los medios y estrategias que permitan minimizar la papelización del sistema.

6. Protección contra los delitos informáticos o cometidos con herramientas informáticas, con capacitación y fiscalías y juzgados especializados en ciberdelitos.

7. Desaparición forzada y violencia institucional: puesta en funcionamiento del Sistema Federal de búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas (creado sin gestión), con especial atención a las situaciones que tengan agentes públicos involucrados y la atención psicológica de las personas allegadas a las víctimas, y un Protocolo de Alerta Temprana.

8. Protección frente a la violencia de género, ante el incremento de estos delitos, incorporar gabinetes especializados, asignación de recursos suficientes y protocolos de actuación más eficiente.

En definitiva, nuestra pretensión es incorporar las temáticas que han quedado fuera del debate sobre la reforma judicial para que la misma pueda responder a una razonable demanda social que pretende nada menos que una tutela más efectiva a sus derechos fundamentales.

La autora es presidenta de la Asociación Civil Bajo La Lupa.