Por fin ha comenzado a primar el interés de toda una sociedad, el sentido común. Haber dispuesto y llevado a cabo el desalojo de los predios usurpados significa, ni más ni menos, que hacer cumplir la ley. En efecto, desde la sanción del Código Penal, hace cien años, la usurpación de tierras y terrenos es un delito. Y una sociedad no puede permitir que lo ilícito no tenga sanción.
Lo que no puede admitirse es que se entreguen subsidios a quienes ocuparon ilegalmente tierras porque eso es una afrenta a la gente honesta y una invitación a que cualquiera lo haga, sabiendo que va a ser favorecido, en lugar de actuar honestamente, porque ello no le va a dar ninguna ventaja. Es una deplorable solución, entonces, la que da el gobernador de la provincia de Buenos Aires compensando a los usurpadores.
No podemos dejar de lado que el Gobierno ha actuado siempre con mucha tolerancia a este tipo de situaciones y, en ese aspecto, fue acompañado también por algunos magistrados y funcionarios judiciales imbuidos de una doctrina abolicionista que tienden siempre a favorecer a los victimarios y no a las víctimas. Por ejemplo, resulta inexplicable la actitud del juez entrerriano que le dio la razón inicialmente a los usurpadores del campo de los Etchevehere y les prohibió a éstos que hacer públicos sus legítimos reclamos. Y también lo es la de la funcionaria nacional que fue a respaldarlos, dando una pauta de cuáles son las preferencias del gobierno que integra. O el presidente diciendo livianamente que son cosas que pasan entre los ricos.
Por otra parte, es cosa sabida que detrás de gente necesitada de vivienda se ubican sectores de izquierda e incluso algunos militantes radicalizados, que no han recibido nunca crítica alguna de las autoridades por la incitación que hacen a la ocupación ilegal y a la resistencia violenta a los desalojos, en las raras ocasiones en que estos se producen.
La opinión pública se ha expresado permanentemente en contra de estas actitudes que crean inseguridad y que atacan a la propiedad privada, uno de los derechos fundamentales que ampara nuestra Constitución. Sería para celebrar que esta respuesta contundente contra quienes violan la ley sea una constante para que sirva de ejemplo a una sociedad que asiste a una subversión de los valores y que desaliente a quienes quisieran hacerlo en el futuro.
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