Los serios problemas que hay detrás del reclamo de la Bonaerense

Con más de 90 mil efectivos, la Bonaerense se ha consolidado como una institución que se conduce a sí misma, con lógicas propias y muchas veces oscuras, sin suficiente control político ni ciudadano. En treinta años, además, ha crecido en cantidad pero no en calidad, incorporándose más efectivos pero menos capacitados. La formación policial se ha debilitado y escuelas que supieron tener prestigio y garantizar altos estándares de profesionalismo (como la Vucetich) fueron reemplazadas por cursos rápidos, casi por correspondencia, para sacar uniformados a la calle con criterio de marketing electoral. La creación de las policías comunales fue un pañuelo que vino a secar las lágrimas de la desocupación. Allí donde el trabajo escaseaba, las fuerzas de seguridad locales terminaron cobijando a jóvenes que lejos están de pensar que ser policía es una forma de vida para servir al bien común.

Es precisamente en ese sentido que la protesta a la que asistimos en estas horas desnuda un profundo nivel de insatisfacción dentro de una fuerza que, entre muchas otras cosas, ha perdido el sentido de pertenencia, el orgullo del uniforme y la vocación de servicio que históricamente han caracterizado a sus hombres y mujeres. Por supuesto que muchos lo conservan, pero en un contexto de desjerarquización y debilitamiento de la institución policial que les duele a los propios uniformados y deja desamparados a los ciudadanos.

La problemática de la Policía Bonaerense exige, como punto de partida, un diagnóstico serio y riguroso. No es un fenómeno escindido de los cambios que se han producido en la dinámica delictiva, como tampoco es ajeno a la degradación de la Justicia y al deterioro institucional que ha sufrido la Argentina en el último medio siglo. Tampoco es una problemática que pueda ser comprendida sin analizar el dramático deterioro de la situación social, el anárquico crecimiento de los conurbanos y el avance de industrias delictivas, como las del narcotráfico y el contrabando.

Ese diagnóstico debe incluir la búsqueda de consensos en la dirigencia política y la articulación entre los tres Poderes del Estado. A partir de allí, los bonaerenses deberíamos empezar a transitar un camino inexplorado en las últimas décadas: el de una política de Estado que sea sostenida en el tiempo y que contemple etapas y objetivos que nos conduzcan a un sistema confiable y eficiente de seguridad, en el que la Policía sea un actor central pero no el único.

Desde aquella “maldita policía” que abrió paso a una etapa de purgas indiscriminadas hasta los tiempos del “gatillo fácil” y el consentimiento de una especie de zona liberada para el autogobierno policial, en treinta años se han dado bandazos y golpes de efecto que, lejos de mejorar a la Policía, la han deteriorado. Se han probado todas las fórmulas efectistas, pero no se ha recorrido el largo y paciente camino de una profunda reestructuración basada en la profesionalización, el control y la posibilidad real de conducir una fuerza que supera en cantidad de efectivos a la suma de las tres Fuerzas Armadas de la Nación (90 mil contra 77 mil) y que debe atender un territorio de 307 mil kilómetros cuadrados, más grande que el de Italia y casi igual al de Alemania.

Esta crisis debe ser interpretada, en definitiva, como un fuerte llamado de atención sobre un problema que lleva mucho tiempo y que la Provincia ya no puede esconder debajo de la alfombra. Tenemos que encarar un debate urgente y de fondo sobre la Policía bonaerense. Debe ser un debate que comprometa a todas las fuerzas políticas, que examine con honestidad intelectual las experiencias de las últimas décadas y que cuente con el aporte de especialistas en seguridad, pero también de jueces, de comisarios retirados y en actividad, de intendentes, de académicos y de los propios ciudadanos. El de la Policía debe ser un debate del conjunto de la sociedad bonaerense, y debe nutrirse de una especial vocación por escuchar. Debe ser, además, un debate sin dogmatismos ni prejuicios, con ideas pero sin ideologismos.

No se trata de arriesgar conclusiones de antemano, pero tal vez debamos empezar por discutir a fondo un proceso de descentralización de la Bonaerense. Como en tantas otras cosas, en las últimas décadas ha habido intentos y amagues en esta dirección. Pero han faltado constancia, rigurosidad y consensos para sostenerlos. Una fuerza de esa envergadura y complejidad no puede conducirse desde un despacho en La Plata desde el cual deberían, en todo caso, trazarse lineamientos y políticas generales. En la conducción cotidiana y “sobre el terreno”, tiene que haber una amplia autonomía de las jefaturas regionales y distritales, y un fuerte compromiso ciudadano para el contralor y la cooperación.

Hay que pensar en una profunda reestructuración de la Policía, con una división de la Provincia en verdaderas jefaturas, planteándose objetivos y, sobre todo, cumpliéndolos. Uno de los problemas de hoy es que no hay un plan de seguridad, porque no hay objetivos.

También debemos recuperar un sistema de premios y castigos que estimule a los buenos policías. Por supuesto que se debe ser inflexible con los que caen en el delito, con un fortalecido e independiente departamento de Asuntos Internos, pero también se debe reconocer y alentar a la inmensa cantidad de uniformados que cumplen dignamente su deber.

Hay que devolverle a la Policía la confianza en sí misma. Y hay que devolverle a la ciudadanía la confianza en su Policía. Eso no se hace con ministros mediáticos, ni con jefes rimbombantes. Se hace con consenso político, con objetivos claros y con políticas de Estado.

Sería un error creer que, cuando pase el ruido de esta protesta, el problema estará resuelto. Es un problema que la provincia de Buenos Aires arrastra desde hace mucho tiempo. Y que debe encarar con seriedad, y celeridad, para que vuelva a funcionar el pacto esencial e indispensable entre la Policía y la sociedad.

El autor es diputado provincial por La Plata (Bloque Cambio Federal)