El gobierno porteño, con más facultades y sin supervisión

La pandemia de coronavirus le impuso a todos los gobiernos un cambio repentino de organización y administración de sus recursos para poder responder a las demandas sociales y económicas de coyuntura. Particularmente, en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno ha dado curso a múltiples compras y contrataciones de alimentos, insumos para hospitales y otros productos de higiene que cobraron relevancia en la agenda de los medios por las irregularidades en los procesos de adquisición y el pago de sobreprecios. Una de las contrataciones más polémicas y de resonancia mediática fue la de los barbijos 3M, los cuales habían sido adquiridos por un valor de 3000 pesos por unidad, que finalmente estaban vencidos hacía tres años y que concluyeron en denuncias penales.

Desde el momento en que se hicieron públicas estas compras y en el marco de la sanción de la Ley de Emergencia Económica, surgió la necesidad de pedir desde mi rol de presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) se incluya en dicha ley la habilitación para el desarrollo de una auditoría especial sobre las compras y contrataciones realizadas desde la entrada en vigencia de la ley, para lo cual le envié una carta al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, el día 29 de abril.

Esta propuesta tenía como objetivo la supervisión de las acciones implementadas, entendiendo que se han tomado medidas de carácter excepcional que implican una ampliación de las facultades del Poder Ejecutivo y una consecuente disminución de los contrapesos previstos en la Constitución y otras normativas, aumentando los riesgos de exposición y desvíos por falta de los controles oportunos.

La AGCBA es el organismo idóneo para llevar a cabo ese control, ya que cuenta con un amplio equipo interdisciplinario de alta capacidad técnica y profesional, que está a la altura de poder analizar el destino de los fondos y diseñar sugerencias y recomendaciones que mejoren el uso de los recursos públicos en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas. Porque de eso se trata: no sólo controlar, sino también realizar un aporte a través de la experiencia y el conocimiento a fin de generar mayor transparencia y fortalecer la gestión pública.

Sin embargo, el proyecto que fue finalmente aprobado en la Legislatura porteña hizo caso omiso de este requerimiento y, en su lugar, se creó una Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento, presidida e integrada mayoritariamente por legisladores del oficialismo. Una comisión que tiene el objetivo de realizar un seguimiento de las compras y contrataciones del Ejecutivo porteño, conformada y encabezada por representantes del mismo partido político que gobierna la Ciudad, no garantiza la independencia, la transparencia y la integridad que se requieren en un contexto sanitario, social y económico como este.

El rol de la Auditoría en este momento es central: creo que existe una necesidad de aumentar el control externo para poder ofrecer información clara y constante a los porteños y porteñas sobre las acciones del Gobierno de la Ciudad y cómo se están administrando los recursos en medio de la crisis global. Por esa razón, se torna necesario que la comisión especial legislativa lleve adelante un verdadero seguimiento de la implementación de la ley y que convoque al organismo que presido para poder realizar en conjunto un control real de las contrataciones que se realicen en el marco de la emergencia sanitaria producto del COVID-19.

La autora es presidenta de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires