La ministro de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, encabezó la primera reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior en la Provincia de Tucumán.
Es importante aclarar que el nombre Consejo “Federal” de Seguridad Interior carece de sentido, ya que el actual sistema de seguridad interior fue construido en un sentido federal.
Bajo esta premisa, el 18 de diciembre de 1991 fue sancionada Ley 24.059 de Seguridad Interior, a la que al día de hoy adhirieron todas las provincias, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La norma crea un Consejo de Seguridad Interior en donde los gobernadores provinciales tienen status de “miembros permanentes” (artículo 11°); un status que fue delegado a sus ministros de gobierno o seguridad para concurrir a las reuniones del Consejo en su representación.
El carácter federal del sistema de Seguridad Interior no se explica sólo desde lo normativo, sino en los hechos.
Entre diciembre de 2015 y 2019 se convocaron, nada menos que once reuniones nacionales del Consejo de Seguridad Interior, triplicando el promedio de reuniones desde que se creó ese organismo en 1991.
Esta frecuencia de reuniones nacionales del Consejo se vio reflejada en un trabajo de gestión federal de la seguridad sin precedentes que se realizó con los ministros provinciales y de CABA, con la adhesión por parte de aquellos de más de una veintena de convenios, actas y demás instrumentos.
Hay que reconocer que la mayor parte del volumen de trabajo en el Consejo de Seguridad Interior respondió al compromiso que el presidente Macri asumió frente a los argentinos de combatir al narcotráfico en todas sus facetas, terminando con el mito de que Argentina es un lugar de paso de la droga.
Los gobernadores tomaron nota de este desafío y se pusieron a trabajar con el Consejo articulando diversas estrategias y líneas de acción, cuya hoja de ruta está plasmada en el documento “Argentina sin narcotráfico”.
Gracias a este clima de consenso federal en seno del Consejo de Seguridad Interiorse avanzó, como nunca antes, en la creación de comandos conjuntos que hicieron posible un trabajo articulado entre las policías provinciales y las fuerzas federales, tanto en el orden de la investigación criminal como en la persecución penal del delito.
Además de los comandos conjuntos, desde el Consejo de Seguridad Interior se trabajó codo a codo con los técnicos designados por las autoridades provinciales para reconstruir el sistema de estadística criminal nacional, el cual hoy tiene un reconocimiento internacional en cuanto a su rigurosidad.
Por otro lado, se completaron las adhesiones de todas las provincias al Sistema Federal de Comunicación Policiales, permitiendo a sus policías acceder en tiempo real a la información de las medidas ordenadas por autoridad judicial (pedidos de captura, robo automotor, personas desaparecidas, etc.).
En definitiva, de acuerdo a todo lo expuesto, es evidente la lógica federal bajo la cual trabaja el Consejo de Seguridad Interior, tal como fue concebido por la Ley 24.059. ¿Es necesario reformarlo, entonces?
El autor es doctor en Ciencia Política e Investigador del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad
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