Sin distracciones, volvamos a discutir el aborto legal

Hay un hecho que debe quedar claro desde el comienzo y por sobre todo debate: el aborto en Argentina es legal en caso de violación, peligro para la vida y salud de la mujer. Así lo estipula el artículo 86 inc. 2 del Código Penal y el fallo “FAL” dictado en el año 2012 por la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal del país.

El protocolo es una guía fundamental para la implementación de esta política, para establecer marcos claros de actuación para el sector salud. Es importante difundir información correcta para no confundir con argumentos falsos. Más allá de las diferentes posiciones de funcionarios o formadores de opinión, esto no está en tela de debate ya que así lo consagra la ley.

Observamos con asombro como un protocolo sobre la aplicación de la ILE se convirtió en campo de batalla de lo que parece ser una interna del gobierno que finaliza el 10 de diciembre. El “affaire” que se dio alrededor del protocolo ILE es inaceptable por donde se lo mire. Mientras se tejían sospechas, rumores, marchas y contramarchas, en el medio siempre quedamos las mujeres, las niñas y nuestros derechos.

La historia es conocida: en poco más de 24 horas, el Poder Ejecutivo nacional, con la firma del Secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, publicó en el Boletín Oficial un protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Horas después, trascendió que el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, había decidido revocarlo.

Aprobar un protocolo de actuación médica de competencia de la autoridad sanitaria no debería requerir una mínima conversación con nadie, ni con el Jefe de Gabinete, ni con ninguna Ministra ni con el Presidente.

Sin embargo, solo hacía falta remontarse a una experiencia similar. Años atrás la ex ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Zulma Ortiz, había intentado aprobar el protocolo tal y como corresponde, sin llevar adelante las consultas que nadie hace para aprobar un protocolo de atención de otras prácticas médicas, y eso le costó el puesto. A pocos días de terminar su mandato el gobierno nacional, ¿es posible pensar que se aprobaría un protocolo por el que no se pugnó durante el desarrollo de la gestión?

Desde el punto de vista jurídico, que haya un protocolo aprobado por resolución es muy importante ya que terminaría con las dudas, arbitrariedades y falsas interpretaciones de ciertos profesionales de la salud que utilizan este vacío legal para no aplicarlo. También lo es porque las provincias que no tienen protocolos podrían adherir a éste, adecuar los propios o actualizarlos conforme al que la Nación establezca.

Lamentablemente, esta suerte de “vacío legal” confunde a los profesionales de la salud y no los ayuda en términos de la correcta y unificada implementación de la norma. A la vez que habilita a aquellos prestadores de salud que no acuerdan con el aborto legal, a no aplicar o complejizar la implementación de la práctica. Pero a quienes más afecta esta situación es a las mujeres desprovistas de certezas y herramientas a la hora de exigir que se cumpla con derechos que tenemos y que la ley nos brinda.

Gracias a estas idas y vueltas alrededor del protocolo, dejamos de hablar de la despenalización y legalización del aborto, de las cicatrices indelebles que deja el aborto clandestino, y pasamos a hablar de si el protocolo sí o no. Volvamos al eje del debate: a hablar de la despenalización y legalización del aborto y dejemos de usar la salud de las mujeres para internas y distracciones políticas.

La autora es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina