Emergencia alimentaria: porque el hambre no puede esperar

Ayer aprobamos en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto consensuado para prorrogar los alcances de la emergencia alimentaria en todo el territorio de la República Argentina. Si llegamos a esta instancia es porque en nuestro país cada día hay más gente que sufre las consecuencias de una recesión que se acentúa mes a mes y una subida de precios que no da tregua.

Lo que buscamos, puntualmente, es reforzar las partidas que el Estado nacional destina para política alimentaria y garantizar que se transfieran a las provincias. Estas partidas hoy no alcanzan por el creciente aumento de la demanda de alimentos. Mientras la Argentina sigue profundizando la crisis, cada vez más personas quedan sin poder comer.

Asimismo, buscamos actualizar los montos de esas partidas ya que han quedado desactualizados por el ritmo de la inflación, que en el año 2019 terminará cerca del 55%, de acuerdo al promedio de expectativas de varios analistas. Contrasta contra el 23% que se esperaba para fin de año de acuerdo al Presupuesto Nacional 2019. Con esta diferencia, hubiera sido lógico que el Gobierno aumentara de oficio los montos destinados a compra de alimentos. Sin embargo, si ayer lo discutimos en el Congreso es porque no han tenido la voluntad de hacerlo.

Hace tiempo que venimos pidiendo al oficialismo que cambie el rumbo de la economía, que deje de orientarse hacia un modelo monetarista y pase a un modelo productivo y de desarrollo. Sin embargo, el presidente Macri decidió darle la espalda a la industria, que es la que genera empleo genuino y que permite a la población aumentar su capacidad de consumo. El gobierno decidió no escuchar, dejar de dialogar y encerrarse en sí mismo. Las consecuencias son lamentables.

Según la última encuesta nacional de gasto de hogares, el principal gasto de los argentinos es en alimentos, y representa el 23% del gasto total de un hogar. Este porcentaje es incluso más alto en el norte argentino, donde está cerca del 30%. Es evidente que cuanto menores son los ingresos promedios de una región, mayor es el consumo relativo de alimentos. Los hogares con menores ingresos destinan más de un tercio de su gasto a alimentos.

En este contexto, necesitamos herramientas institucionalizadas que garanticen que los alimentos lleguen a todas las familias que lo necesitan a lo largo y ancho de la Argentina. Decimos institucionalizadas porque el Gobierno, lamentablemente, ha hecho de la política social una herramienta de negociación entre determinados sectores u organizaciones, dejando afuera de su asistencia a familias que se encuentran por fuera de este circuito.

La mejor manera de garantizar el acceso universal a los alimentos es trabajando de manera mancomunada con los gobiernos provinciales y municipales. Diagramar de forma conjunta las mejores herramientas de distribución y de control para que la ayuda llegue a las miles y miles de familias que la necesitan en todo el país.

Por supuesto que entendemos que esta medida no solucionará el problema de fondo que tiene la Argentina. Sin embargo, no podemos dejar pasar que debemos actuar de forma urgente para paliar las consecuencias de la recesión, la devaluación y la inflación. El hambre no puede esperar. Con esa consigna firme y concreta avanzamos ayer de forma unánime.

El autor es diputado nacional por Salta y presidente del Interbloque Argentina Federal