La ley de estupefacientes, el nuevo gran desafío de la Justicia porteña

Desde principios de este año, nuestro Poder Judicial asumió la plena competencia penal en materia de estupefacientes en los casos de delitos de menor escala, sumándose a las jurisdicciones locales -como Buenos Aires, Córdoba, Salta, entre otras- que trabajan en pos de la persecución del narcotráfico en conjunto con el Estado nacional.

Si bien se suele atenuar la importancia y la trascendencia de este tipo delitos por ser considerados menores, no debe dejarse de lado que los últimos eslabones en la cadena de distribución, comercialización y suministro son parte inescindible del narcotráfico, y que lamentablemente convive con nosotros y con nuestra familia, de manera visiblemente cotidiana.

El Consejo de la Magistratura, los Ministerios Públicos, el Ministerio de Justicia y Seguridad y todos los agentes que componemos el Sistema Integral de Seguridad Pública (ley 5688/CABA) nos enfrentamos a uno de los mayores desafíos en materia legal al asumir activa y efectivamente la competencia delegada por el artículo 34 de la ley 23737. Esta responsabilidad nos plantea un nuevo paradigma ante la necesidad insoslayable de evolucionar y adoptar políticas, medidas y estrategias de seguridad pública tendientes al trato de esta problemática compleja y multidimensional.

Durante este primer trimestre del año, ante el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF), se han iniciado y se encuentran en trámite alrededor de 450 causas por delitos relacionados con la ley 23737. De las mencionadas causas, aproximadamente el 60% se corresponde con la tenencia de estupefacientes para fines de comercialización (artículo 5º, inciso c), situación para la cual se prevé penas de prisión que oscilan entre los 4 y 15 años; seguida por la tenencia simple de estupefacientes, receptada en el primer párrafo del artículo 14 de la ley 23737 (supera el 30%).

Estos datos se complementan con los brindados por la Secretaría General de Gestión del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, lo que refleja que solo durante el mes de enero de este año, apenas asumida la competencia, el 46% de los detenidos (de un total de 2275) estuvieron relacionados con delitos penales de la ley de estupefacientes (que incluye procedimientos en flagrancias y ordinarios). Durante la primera quincena de febrero, se recibieron más de quinientas denuncias en relación con estos temas, que se suman a las investigaciones que ya tiene en curso la Fiscalía General.

Es primordial tener en cuenta que la cantidad de causas, de detenidos o condenados no será un dato o factor que determine éxitos y fracasos. Para el beneficio de nuestra sociedad, el único resultado deseable es que disminuyan las cifras sobre las personas que, cada vez con menor edad, sucumben y ceden ante la adicción que este tipo de sustancias genera.

Si bien la competencia local en esta materia es muy reciente como para realizar cualquier tipo de análisis, el primer paso de nuestro Poder Judicial fue asumir el compromiso. Estoy convencido de que las herramientas del Código Procesal Penal local, la idoneidad de nuestros funcionarios y magistrados, y la vocación del resto de los actores de la Justicia van a generar un importante cambio y mejora tanto en la eficiencia de la intervención como en la resolución judicial.

El autor es vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.