Qué debería cambiar en la economía de corto plazo

El sonar de las campanas anunciando la llegada del 2019 junto a alentar en la población esperanzas de años mejores recordará a las autoridades de gobierno y partidos políticos que la sociedad precisa recibir amplia información sobre cuáles serían las principales políticas que se proponen ejecutar para que el país pueda alcanzar objetivos de progreso y equidad entre regiones y sectores sociales. En términos específicos, cuáles serían las principales políticas de corto y largo plazo y las reformas de carácter institucional-administrativo que se proponen implementar para iniciar la reconstrucción del país.

A partir de la crisis mundial de 1929 —salvo en algunos períodos transcurridos entre 1946 y 1966— la generalidad de los gobiernos administraron políticas de corto plazo para ajustar la macroeconomía incidiendo, particularmente, sobre los sectores sociales más vulnerables. Aquellas decisiones se aplicaron con resultados nefastos durante el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía en la década de los 60; tras el golpe militar del 76; en los gobiernos civiles de las décadas de los 80 y 90 y durante la crisis de diciembre del 2001. Entre 2002-2015 la economía argentina presentó su obra mayor de inequidad y corrupción. Sus diferentes gestiones transfirieron sobre las espaldas de las mayorías sociales los costos de los procesos de ajuste originados por la pesificación asimétrica de enero del 2002. Finalmente, en los días actuales, la administración Macri permanece también atrapada en las redes de una política ortodoxa de estabilización y ajuste hacia abajo que profundizó la recesión y el desempleo. ¿Existen políticas alternativas? Este artículo propone tres escenarios alternativos para ampliar los horizontes que limitaron en el pasado reciente las políticas de corto plazo.

1. Política de ajuste hacia arriba

Para viabilizar esta política será preciso que el Poder Legislativo y el Poder Judicial adopten las acciones necesarias a fin de que el Gobierno pudiera disponer de los instrumentos necesarios para:

a. Administrar un impuesto de solidaridad sobre la población de altos ingresos;

b. Ajustar los presupuestos anuales para reducir, entre un tercio y un cuarto, las dimensiones del gasto público.

c. Activar el funcionamiento de un Fondo Nacional de Solidaridad destinado a "cofinanciar el ajuste de la macroeconomía implementando un amplio Programa Nacional para la Reactivación de la Economía mediante la creación de puestos de trabajos productivos" y la "activación de la pequeña y mediana empresa industrial".

Los recursos financieros necesarios para implementar las ideas referidas podrán originarse en:

-Programas especiales destinados a ampliar la recaudación tributaria reduciendo la evasión y la elusión fiscal;

-Una tributación especial sobre aquella minoría de personas físicas y jurídicas que, históricamente, lograron acumular exuberantes patrimonios y riquezas materiales;

-La reconfiguración de la carga tributaria sobre personas físicas, jurídicas y empresas privadas;

-La reducción del gasto público;

-La estimulación de la voluntaria repatriación de capitales argentinos.

Paralelamente, para activar el aparato productivo y el mercado interno el Gobierno podría:

a) utilizar al Banco Central como agente financiero para participar activamente en la administración de la moneda, del crédito, de la política cambiaria y bancaria y del comercio exterior;

b) ampliar la inversión privada privilegiando el uso de tecnologías intermedias;

c) reconstruir niveles de equidad en la distribución del ingreso;

d) eliminar los abusos que protege la legislación socio-laboral existente a fin de estimular la competitividad.

2. Asegurar consistencia interna en la política económica

Para asegurar consistencia interna en materia de política económica, una reforma de la Constitución podría insertar en su articulado el conjunto de nuevos criterios y restricciones que asegurarán estabilidad a la política económica de los sucesivos gobiernos. Tales criterios se aplicarán al momento en que estos definen sus respectivos presupuestos anuales de fuentes y usos de recursos públicos. Entre las variables cuyas magnitudes tendrán que administrarse dentro de límites preestablecidos destacan: el gasto público; el déficit fiscal; la presión tributaria; la inflación; el desempleo; las relaciones de ingresos entre clases sociales; la política crediticia, monetaria y cambiaria; las reservas del Banco Central; la deuda pública interna y externa. El cumplimiento del marco regulatorio antes referido tendrá carácter obligatorio para todos los Gobiernos. A título de ejemplo, vale mencionar que cada uno de los países que integran la Comunidad Europa adoptó tales recomendaciones al firmar el Tratado de Maastricht en la década de los 90.

3. Eliminar en el Banco Central el modelo de metas de inflación

En contextos de recesión, bajo crecimiento del PBI, elevado déficit fiscal, déficit comercial, déficit en la balanza de pagos, inflación elevada 15 a 20 veces superior al promedio de países desarrollados, atraso cambiario, masa crediticia y tasas de inversión inferiores al 20% del PBI, tasas de interés para las empresas superiores al 60% anual, tasas elevadas de desempleo y situaciones de pobreza que afectan a un tercio de la población activa, resulta inconsistente y exótico que Argentina pretenda administrar sus políticas de corto plazo siguiendo las determinaciones de un sistema de metas de inflación digitado desde el Banco Central.

La adopción del sistema de metas de inflación fue consecuencia directa de haber adoptado una visión ahistórica y mecanicista que asume la apertura y el libre funcionamiento de la cuenta de capitales como eje sagrado del trilema ortodoxo de la economía sin advertir que aquella metodología de gestión solo pudo aplicarse con razonable éxito en países previsibles, dotados de una cultura institucional estable, ordenados, sin Estados voraces, sin populismo y sin inflación galopante. Chile necesitó 20 años de experimentación hasta perfeccionar la gestión integrada de su política económica, financiera, monetaria, cambiaria y bancaria preservando la gestión directa de sus autoridades para controlar los flujos de capitales y el comercio exterior.

En el caso argentino, un nuevo trípode de gestión institucional integrado por el Banco Central, el Ministerio de Economía y un Consejo Nacional de Planeamiento Económico y Social permitiría administrar, directamente, una amplia gama de normativas de coyuntura destinadas a regular la cuenta de entrada y salida de capitales, la asignación del crédito al sector privado como instrumento de promoción diferenciando prioridades entre sectores productivos y regiones del país; la tasa de cambio, la tasa de interés, las ventas de divisas, las autorizaciones de importación, las salidas de capitales, los encajes bancarios, los flujos de emisión monetaria de forma compatible con la dinámica del empleo y de la economía real del país, con la evolución de sus mercados internos y externos, y las previsibles tendencias futuras de la economía internacional. El régimen monetario y cambiario que posibilitaría administrar las flexibilidades referidas se denomina "sistema de tipo de cambio y flujos de capital administrado" y por primera vez fue intensamente adoptado en Argentina en la década de los 30 durante la gestión del doctor Prebisch en el Banco Central.

El autor es economista. Su último libro es "La Cultura del Poder: Ocaso y Reconstrucción de la Argentina" (4v. Editorial Buyatti, Buenos Aires)