Hablemos de pobreza y violencia

Si googleamos "violencia económica", la primera definición que se nos aparece dice: "La violencia económica es una forma de machismo que limita a la víctima al plano de la supervivencia (también emocional)". Si partimos de considerar que el machismo no es un fenómeno individual sino que se constituye en un entramado social, podemos despersonificar la violencia económica y comprender sus razones estructurales.

La semana pasada la denuncia del colectivo de actrices argentinas, a partir del testimonio de Thelma Fardin contra Juan Darthés, provocó un quiebre en la percepción y la visibilización de la violencia de género, y un aumento de las denuncias en redes, líneas de atención y espacios donde habitamos. Este sismo también se expresó en la presencia del tema en la televisión y medios de comunicación diversos, que hacen dudar a más de un desconfiado sobre su utilización mediática. La publicación de los índices de pobreza elaborados por el Observatorio de la UCA, que dan como resultado un aumento de la emergencia alimentaria y disminución de los ingresos per cápita familiar en el último año no tuvo semejante repercusión. Sin embargo, sería un error considerar que ambos sucesos responden a agendas diferentes, que nada tienen que ver entre sí. Más bien tienen vínculos que el movimiento feminista hace tiempo se ocupa de evidenciar.

1. El último informe de la UCA revela que un tercio de las mujeres en edad fértil vive en condiciones de pobreza: casi el 28% es pobre y el 5,5% es indigente.

2. La mitad de las mujeres en edad fértil son ocupadas y solo el 40% de ellas tienen un empleo con derechos.

3. Más de la mitad de los niños y adolescentes de 0 a 17 años viven en hogares pobres en 2018.

4. La Encuesta Permanente de Hogares sobre el tercer trimestre de este año indica que la tasa de desocupación para las mujeres es casi dos puntos más que para los varones, ubicándose en el 10,5%, y para las jóvenes trepa hasta un 21,5 por ciento.

Es decir que la violencia opera en un doble comando, la feminización de la pobreza (7 de cada 10 personas con los ingresos más bajos son mujeres) y el empeoramiento de las condiciones de vida que recrudece las desigualdades y dificulta el acceso a derechos desde una perspectiva integral. Además, el contexto de crisis económica que vivimos presiona a mujeres y travestis (quienes no son consideradas en la mayoría de las estadísticas) al confinamiento en el ámbito doméstico, donde ocurren la mayoría de los casos de violencia machista, o a la situación de calle, donde se encuentran más vulneradas. Sin autonomía económica es más difícil salir de una situación de violencia.

Lo mismo vale para niños y adolescentes: en nuestro país más de la mitad viven en la pobreza. Estamos hablando, a su vez, de hogares donde el 92% de las tareas domésticas y de cuidados están a cargo de mujeres. Pero resulta más preocupante esta cifra si la leemos junto con los números de la violencia: el 69% de las personas que sufren abuso sexual tienen entre 6 y 17 años, de cada mil casos de abuso infantil y adolescente se denuncian cien y solo uno recibe condena

De más está decir que la dificultad en el acceso a la Justicia se registra para todas las edades. Según el informe del Ministerio Público Fiscal, de los 137 casos judicializados que finalizaron (entre 2015 y 2017), el 72% de los acusados fueron sobreseídos (más de la mitad habían sido calificados como de riesgo alto y altísimo por la OVD). La mayoría fueron denuncias de mujeres con empleos remunerados, ya que resulta muy costoso para quien se encuentra sin un trabajo con derechos.

¿Qué sucede con el Estado?

No es la primera vez que desde el Gobierno buscan vincularse con el fenómeno que desató el NI Una Menos. Este año se intentó presentar a Mauricio Macri como "el feminista menos pensado" por habilitar el debate sobre aborto en el Congreso, que resultó rechazado por votos en su mayoría del espacio político de la alianza Cambiemos. En marzo, la presentación de un proyecto de ley por "la equidad de género" nuevamente pretendía sacar rédito de los cambios subjetivos que se registran gracias al movimiento feminista. Esta vez las mujeres sindicalistas se ocuparon de denunciar que ese proyecto no era más que una reforma laboral encubierta con un lindo título y lograron suspender su tratamiento.

Esta semana, luego de la denuncia de Thelma, el anuncio del Presidente fue que bajaban un spot del Ministerio de Desarrollo contra las violencias donde aparece —¡oh, casualidad! — Juan Darthés (que ya había sido denunciado por otras cuatro personas anteriormente) y un futuro proyecto a presentarse en marzo del año próximo sobre el cual tenemos pocas precisiones.

Sin embargo, cuando observamos el presupuesto que aprobó Cambiemos para el 2019, nos encontramos con una planificación contraria al espíritu que invoca el Presidente:

1. Según el último informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, en 2017 el número de titulares de programas para el ingreso social con trabajo llegó a 261 mil personas, de los cuales se estima que el 39% corresponden a Ellas Hacen. Para el 2019, el presupuesto destinado a esta política pública proyecta apenas 171 mil de personas beneficiarias.

2. El Programa de Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia registra un recorte de mil millones de pesos nominales.

3. Según el análisis de Estefanía Pozzo, se prevé un recorte del 18% del presupuesto para el Instituto Nacional de las Mujeres y del 38% para el Plan de Acción contra las Violencias. Ante una inflación que supera el 40%, sus presupuestos se incrementaron en un magro 10,8% y 2,3% respectivamente.

En momentos de emergencia social y de visibilización de la violencia de género, necesitamos un Estado presente, con políticas públicas y presupuesto. Si todos los índices sociales se agravan, producto de las medidas neoliberales, es tarea del Gobierno ofrecer mejores recursos para que las condiciones económicas no impliquen una precarización de la vida. Asimismo, el aumento de las denuncias de violencias machistas demanda más dispositivos, más trabajadores capacitados e inversión. Solo para tomar como referencia, el miércoles pasado la línea 144 de atención a víctimas de violencia recibió un aumento de 1200% de llamados sobre el promedio habitual. Asimismo, los espacios de cuidado infantil de gestión pública y los programas de promoción del empleo apuntan a garantizar derechos vitales, su recorte afecta directamente la vida de las mujeres. Con esta proyección para el año próximo, las desigualdades solo van a intensificarse.

Son tan equivocados aquellos diagnósticos que sentencian que la violencia de género es un problema secundario respecto de la pobreza, como si una mujer pobre pudiera elegir cuál de las dos opresiones prefiere, como aquellos que desde una perspectiva liberal sostienen que es posible erradicar la violencia sin cambiar las condiciones materiales de existencia. Es necesaria una mirada integral que apunte a la conquista de todos los derechos.

Por último, los recursos estatales deben destinarse tanto a la atención de las personas afectadas por las violencias como a la prevención. Una de las herramientas con las que contamos, la ley de educación sexual integral, no se aplica en 17 provincias. Si lográramos que se efectivice en todos los niveles educativos, seguramente sería otra la realidad en la que viviríamos y los recursos del Estado con los cuales deberíamos contar para la atención ante la urgencia se reducirían. Asimismo, si la orientación macroeconómica favoreciese la creación de empleo, los derechos sociales y laborales, el desarrollo industrial y el consumo interno, el presupuesto para paliar la indigencia y la pobreza podrían achicarse de la mano de un crecimiento económico. Necesitamos políticas con perspectiva feminista, pero que sean parte de un nuevo proyecto popular.

La autora es directora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas y referenta del Frente Patria Grande.