Mejorar la escuela requiere utilizar bien los datos escolares

Hace años que Unesco viene trabajando sobre la conveniencia de adoptar, en el área de la educación, políticas de datos escolares abiertos, con el propósito de construir un sistema escolar más transparente y también más responsable, sea estatal o privado. Es decir, rendir cuentas a través de la información.

Al difundir amplia información sobre las escuelas de manera oportuna, precisa y accesible, todos los participantes del proceso educativo (alumnos, maestros, autoridades, organizaciones de la sociedad civil y especialmente los padres de los alumnos) estarán en mejores condiciones de contribuir al fortalecimiento de la escuela.

Cuando los padres tienen acceso amplio a la información sobre el desempeño de las escuelas a las cuales asisten sus hijos, como hoy ocurre en todo el mundo, es más probable que canalicen eficazmente su preocupación por el futuro de sus hijos, exijan mayor responsabilidad y apoyen el mejoramiento de la calidad y la eficiencia del sistema escolar.

Por esta razón hace años que la Unesco recomienda "priorizar los datos que sean relevantes tanto para el alumnado como para las familias", de manera que esto las anime a tomar parte en el esfuerzo que está haciendo la escuela en pro de la mejora de la educación de sus hijos.

Pero lamentablemente nuestro país tiene normas legales que no juegan a favor de la mejora en la educación, ya que, de una manera poco justificada, nuestra ley nacional de educación, en su artículo 97, prohíbe la difusión de la información correspondiente a cada escuela estatal o privada.

Esta norma legal es extraña en el resto del mundo, es preocupante que se niegue el derecho de los padres, las entidades vecinales, las asociaciones escolares y las propias autoridades de los pueblos y las ciudades del país de conocer la situación de sus propias escuelas.

Nuestra ley no respeta el derecho a la información que, hoy en el siglo XXI, es esencial en los países con república.