La anomia es la carencia de normas para convivir o desarrollarse en la sociedad. Es la ruptura del contrato implícito de una comunidad para vivir en armonía.
Las 1.368 llamadas de amenazas de bomba que se registraron en las escuelas de la provincia de Buenos Aires durante los primeros seis meses del año revelan una seria tendencia de los responsables a provocar cierto desborde social.
El costo de sus acciones, hasta ahora, está siendo relativamente bajo. Pero el impacto que producen es enorme. Hay un colegio secundario en Merlo que pierde un día de clase por semana. Esas horas de aprendizaje, por supuesto, no se recuperan más. Y además está el daño económico y el desbarajuste que provoca en las familias, porque, en la mayoría de los casos, los padres tienen que dejar su trabajo e ir corriendo a buscar a sus hijos, quienes deben aguardar en el patio de la escuela más cercana, después de la evacuación.
Sin embargo, el problema de fondo no es económico sino cultural. Parece que los perpetradores no tienen una verdadera noción del daño que hacen. Sencillamente naturalizaron sus acciones. Y de vez en cuando hasta las reivindican, orgullosos.
El miércoles pusimos en el aire de 4 Días un par de audios con amenazas. La primera sorpresa fue que su autor es un docente. La segunda fue la energía y el empeño que puso en el hecho. En una oportunidad usó un distorsionador de voz. En otra simuló no estar en sus cabales. ¿Qué era lo que estaba buscando? ¿Evitar un par de días de trabajo? ¿Hacerse amigo de un par de alumnos revoltosos?
No voy a cometer la torpeza de decir que la mayoría de los docentes de la provincia de Buenos Aires son unos irresponsables, pero existe un considerable porcentaje de ellos que sí debería dedicarse a otra cosa.
El próximo domingo, en La Cornisa, vamos a mostrar casos escandalosos de maestros que presentaron certificados médicos truchos para obtener licencias mientras se paseaban por Miami y Punta del Este.
El ministerio de Educación bonaerense consolidó los datos. Los que hacen ese tipo de maniobras constituyen el 20 por ciento del total de los docentes de la provincia. No deberían ser tomados tan a la ligera.
Cuando se analiza en profundidad este tipo de comportamientos las conclusiones suelen ser más preocupantes. Le pregunté a un sindicalista de SUTEBA por qué no salían a denunciar estas conductas. Me explicaron que se habían naturalizado tanto, que la mayoría de los docentes toma a la concesión de licencias médicas truchas como un derecho adquirido. Una suerte de 20 días extra de vacaciones que no figuran en el estatuto pero que todo el mundo se toma.
Las mentiras de los simuladores le cuestan a cada bonaerense un montón de dinero extra: los docentes con licencia médica deben ser reemplazados por otros, a los que se les debe pagar aparte. También lo pagan los alumnos, quienes pierden la referencia del maestro que los debería orientar durante todo el año escolar.
El círculo de la anomia empieza y termina en el mismo lugar.
Ayer, tres alumnos del liceo Víctor Mercante fueron sancionados y quedaron al borde de la expulsión, por ser autores de amenazas de bomba contra el colegio. Y un grupo de compañeros organizó una sentada para tratar de atenuar la medida disciplinaria. ¿Cómo hacerles comprender que no se trató de una travesura sin consecuencias, sino de un delito, penado por la ley?
El respeto por las normas de convivencia no es de derecha ni de izquierda, ni de facho ni de progre. Recordarlo es antipático, pero tolerar las consecuencias de los actos ilícitos es suicida.
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